Enmienda a la totalidad del comité de expertos del Gobierno al actual modelo de ayudas fiscales a la I+D+i

El Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario ha hecho entrega del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se trata de un informe en el que ha trabajado durante 10 meses el grupo presidido por Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, y que ha suscitado opiniones encontradas en el mundo empresarial, debido a la amplitud de asuntos que se aborda en él. No obstante, una de sus aportaciones concita el aplauso general: la que solicita una rectificación del Gobierno en sus medidas más recientes para reducir los beneficios fiscales a la I+D.

El Gobierno aprobó no excluir a las deducciones fiscales por I+D+i del perímetro de actuación del tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades situado en el 15%. Se trata de desgravaciones que alcanzan hasta el 42% de la inversión realizada en proyectos de I+D y hasta el 12% del gasto destinado a innovación tecnológica, con un límite máximo del 25% de la cuota líquida del impuesto que se puede ampliar hasta el 50% si las deducciones aplicadas superan el 10% de la cuota a pagar.  Todas esas deducciones se verán minoradas si, una vez aplicadas las bonificaciones y desgravaciones previstas en el impuesto por parte de la empresa , la cuota resulta inferior a ese 15%. La minoración de las deducciones por I+D será la necesaria hasta alcanzar ese umbral.

Organizaciones empresariales como la CEOE o entidades de apoyo a la innovación como la Fundación Cotec alzaron la voz advirtiendo de que esta medida afecta a las compañías que apuestan por la diferenciación vía I+D e incidirá sobre un montante total 900 millones de euros de los que se benefician vía deducciones.

El informe que el comité de expertos ha entregado a la ministra de Hacienda asegura que «el diseño actual de los beneficios fiscales a la I+D+i en España es, en primer lugar, ineficiente ya que la cualificación de gastos fiscalmente deducible requiere la certificación de este gasto por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, siendo este proceso costoso y, además, el mismo se encuentra sujeto a revisión por parte de la AEAT».

Añade que «un porcentaje significativo tanto de las empresas innovadoras como del gasto en I+D+i considerados como tal en la estadística del INE, elaborada de acuerdo con el Manual de Oslo, no se encuentran dentro del perímetro de los incentivos fiscales a la I+D+i«, una exclusión «particularmente relevante para las empresas de menor dimensión».

El Comité concluye que «es necesaria una reforma integral del actual esquema de beneficios fiscales al I+D+i existente en la imposición societaria en España», con el objetivo de «mejorar la eficacia y la efectividad del gasto fiscal articulado a través de las deducciones a la I+D y la deducción por Innovación tecnológica en el IS, cuyo potencial se encuentra limitado por el diseño de estos incentivos«.

En ese sentido, propone «la exclusión de las deducciones por I+D e IT del cómputo de la base imponible positiva previa sobre la que se establece la tributación efectiva mínima del 15% a las entidades con CNN superior a los 20 millones de euros en el IS español«. Pide también la «compatibilidad para todas las entidades de los incentivos fiscales a la I+D+i y las bonificaciones a la Seguridad Social del personal investigador», así como el «refuerzo de la seguridad jurídica y la simplificación del proceso de acreditación del gasto en I+D+i fiscalmente deducible».

Los expertos creen necesario «incrementar al 25% el porcentaje de deducción por el gasto en el personal investigador cualificado adscrito en exclusiva a estas actividades, y al 10% el porcentaje a aplicar en las inversiones en inmovilizado material e intangibles que se encuentren afectas a las actividades de I+D, excluyendo terrenos y edificios». Se deberían incluir asimismo como «gastos fiscalmente deducibles los proyectos de software vinculados al Big Data, la Inteligencia Artificial o la Industria 4.0″, y sugieren «valorar la posibilidad de incluir como componentes en la base de la deducción gastos e inversiones vinculados a las áreas prioritarias financiadas por el Programa Next Generation EU: digitalización, medio ambiente y salud».