¿La política digital de la Declaración de Canarias ‘acercará’ a la UE y EEUU? Más control al acceso a datos y apoyo a la IA

Los países miembros de la OCDE han firmado la Declaración de Canarias para un «Futuro Digital Confiable, Sostenible e Inclusivo», un documento, como suele ser habitual en estos casos, lleno de grandes palabras y poca concreción en las propuestas, pero que marca una hoja de ruta identificable que aúna la visión a este y otro lado del Atlántico, lo que ya de por sí representa un soplo de aire fresco después años de divergencia de criterios en aspectos regulatorios clave.

Conscientes del papel que la digitalización presenta, el documento subraya las “profundas y transformadoras implicaciones” de la digitalización en las sociedades y economías, destacando su “inmenso potencial para contribuir al bienestar y a la sostenibilidad”, así como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y abordar desafíos globales como son la crisis climática y la respuesta y recuperación del COVID-19.

Asimismo, se exhorta a identificar las nuevas tendencias tecnológicas y sus correspondientes repercusiones en materia de innovación y a favor de la sociedad, por ejemplo, en lo que se refiere al desarrollo de sistemas de identidad digital fiables. El comunicado proporciona orientaciones para “ayudar a los países a beneficiarse de la inteligencia artificial facilitando marcos políticos y jurídicos que contienen datos, previsiones y herramientas eficaces para implementar una inteligencia artificial fiable”.

Los participantes se comprometen a trabajar juntos, “para promover un entorno digital seguro, inclusivo y sostenible, que se sustente en un Internet abierto, libre, global, accesible, asequible, seguro y resistente”. En este sentido, se apuesta por impulsar una transformación centrada en los intereses del ser humano, con especial mención al público más joven. Se pretende trabajar “para preservar la protección de las personas, especialmente de los menores, combatiendo los contenidos ilegales y perjudiciales, respetando la libertad de expresión y protegiendo a todos los niños de la manipulación y el abuso”.

La OCDE lanza un llamamiento sustentado en analizar el impacto de la transformación digital y las prácticas basadas en el uso de datos. Aboga por contemplar cuestiones referentes a la salud mental, la conciliación entre la vida laboral y personal, la alfabetización digital y la cohesión social, con especial atención «a las personas en situaciones vulnerables y las minorías sociales».

Además, se apela a la colaboración de otros comités para que “evalúen los nuevos enfoques orientados a instigar la seguridad online y mejorar las recomendaciones políticas relacionadas con cuestiones que respeten los derechos humanos, incluida la libertad de expresión”. El documento insta a su revisión «para evaluar su impacto y considerar las tendencias que puedan suponer una amenaza para la naturaleza abierta e interconectada de Internet».

Por otra parte, la OCDE, ha aprobado también la «Declaración sobre Acceso Gubernamental a Datos Personales en Posesión de Entidades del Sector Privado». El documento, consta de tres puntos diferenciales, donde se reconoce el papel que desempeñan las transferencias de datos en la economía mundial. Además, hace énfasis en la necesidad de justificar del acceso gubernamental a los datos personales, afirma el compromiso de los países con flujo libre de datos, y proporciona los principios para el acceso del gobierno a los datos personales sustentados por el sector privado. Los puntos atienden a la necesidad de construir sociedades digitales más seguras.

El acuerdo rechaza “cualquier enfoque sobre el acceso del gobierno a los datos personales en poder de entidades del sector privado que, independientemente del contexto, sea incompatible con los valores democráticos y el estado de derecho, y que no tenga restricciones, sea irrazonable, arbitrario o desproporcionado”.

Finalmente, el documento contempla la vigilancia para garantizar que el acceso del gobierno cumpla con el marco legal. El control se debe realizar a través de los organismos que incluyen oficinas de cumplimiento, tribunales, comités parlamentarios o legislativos y autoridades administrativas independientes. Además, dichos órganos deben recibir y responder a las denuncias de incumplimiento para garantizar que las entidades gubernamentales rindan cuentas, y pueden ejercer funciones en respuesta a las denuncias de los particulares.