Deep tech o no deep tech, España se enreda en su paradoja

La web del Regional Entrepeneurship Acceleration Program (REAP) del MIT Sloan School of Management publicaba en diciembre un informe con frases como esta: “las debilidades del ecosistema de innovación español son preponderantes, y muchos expertos consideran que el país está ‘estancado en la mediocridad’ y ‘vive al margen de la revolución tecnológica’, con una fuerte y preocupante propensión a incorporar tecnología externa”.

Lo firman Oihana Basilio Ruiz de Apodaca, Rafael del Pino-MIT Fellow; Fiona Murray, William Porter Professor de Emprendimiento & associate dean de Innovación + Inclusión de la MIT Sloan School of Management; y Lars Frølund, Lecturer, del MIT Sloan School of Management. La versión en español ha aparecido recientemente bajo el título “Emprendimiento en Deep Tech en España: Análisis de un problema complejo en clave estratégica”, y la ha publicado la Fundación Rafael del Pino.

En sus páginas, está presente de forma insistente la paradoja. Cómo es posible describir con palabras tan duras a un país líder en número de doctorados, “reconocido por la calidad de sus técnicos e ingenieros, con una sólida formación teórica, así como por la alta calidad de sus resultados científicos y de investigación”, que ocupa el tercer lugar en asignación y el primero en liderazgo de proyectos del programa Horizonte 2020 de la UE y  que además es un referente “en áreas como el establecimiento de infraestructuras tecnológicas de la información y la comunicación (TIC), la movilidad inteligente, la conectividad móvil o las plataformas de pago”. Resulta difícil de entender, cierto.

Los autores sostienen que, pese a todas esas fortalezas, España “dispone de una oferta insuficiente de personas ‘adecuadas’ para el desarrollo de la actividad emprendedora en el ámbito deep tech”. Se trata de profesionales con conocimientos científico-tecnológicos de frontera, pero también comprometidos con transformarlos en soluciones a problemas prácticos y retos sociales y de mercado, familiarizados con el lenguaje de empresas e inversores y formados en la práctica de la innovación y el emprendimiento.

Quizás esto se explique porque en España existe un “enfoque educativo eminentemente teórico” y es preceptible una “baja participación e involucración estudiantil en iniciativas emprendedoras y de creación de valor o en acciones orientadas a la resolución de problemas y a la generación de impacto”. Un síntoma de ello es que “sólo el 18% de los profesores universitarios con doctorado participan en actividades de transferencia de tecnología”.

Las causas de esta situación son variadas, según el informe. Desde la “escasez de incentivos adecuados” a tenor del “tipo de resultados por los que se evalúa, se paga y se promociona a los científicos”, hasta una “mentalidad predominante de ‘dominio público’ de las universidades, orientada a una filosofía de ‘ciencia abierta’, que a menudo choca con visiones alternativas del conocimiento, más orientadas a la búsqueda de ventajas competitivas y a la consecución de resultados de explotación privados”.

Recuerda que la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública de 1984 limita todavía “la participación de investigadores públicos en empresas que exploten el conocimiento derivado de sus investigaciones”, y algunos de los instrumentos existentes de “promoción de la contratación de personal de I+D (p.e. programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva) no permiten la participación de investigadores financiados con fondos públicos en empresas”.

En el lado inversor, persiste la paradoja. “España parece tener actualmente suficientes fondos disponibles, ya que las entidades de capital riesgo han alcanzado cifras récord de inversión y la financiación pública ha aumentado con la entrada de los fondos Next Generation EU”. Sin embargo, “de las 22 empresas de capital riesgo inversoras en proyectos deep tech identificadas con sede en España, sólo cinco invierten exclusivamente en deep tech en el país, mientras que el resto invierte también en el exterior o no están especializadas”. El modelo de inversión es, además, poco propicio, porque se justifica “en términos de ‘vida útil’ o permanencia de las inversiones”, los tickets son reducidos y muchos inversores tienen “aversión al riesgo”.

Son las propias personas del sector público entrevistadas por los autores las que admiten la baja ejecución de los presupuestos de I+D, debido “no sólo a los problemas de capacidad administrativa del sector público, sino también al diseño fallido de instrumentos de política”. A eso se suma un proceso de desindustrialización que “también se materializa en una debilidad de la demanda del mercado interno para las startups de deep tech, lo que dificulta su acceso a los primeros clientes y proveedores dentro del país”.

Por no hablar de la fragmentación del sistema español de innovación, “con multitud de actores operando a distintos niveles, lo cual conduce a duplicidades, al aumento de la burocracia y a riesgos de conflictos de gobernanza”. El informe se sorprende de que “mientras el CSIC es un organismo estatal dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, las universidades, además de los hospitales y clínicas universitarias públicas dependen de las comunidades autónomas”. Y cita a la OCDE: “el sector público español no cuenta con ningún organismo ejecutor diseñado explícitamente para proporcionar infraestructuras de I+D y servicios de apoyo a las empresas”.

El informe termina haciendo varias recomendaciones. Entre ellas, la de crear “una cumbre nacional de emprendimiento en deep tech” liderada por los emprendedores, que reúna 2a los diferentes actores y agentes involucrados, incluyendo asociaciones, incubadoras y aceleradoras de empresas, fundaciones y centros tecnológicos, etc.”