¿Se impondrá el criterio de la ciencia o el de la ideología en Moncloa?

Hace meses que está operativa la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC), cuya creación viene recogida en un Real Decreto del pasado 8 de febrero que modifica otro de noviembre sobre la estructura de la Presidencia del Gobierno. Un trimestre tardó en darse cuenta el equipo de Pedro Sánchez de que se había dejado algo por incluir en el texto original, qué cosas. Ahora se hace la presentación pública de la ONAC, con motivo de su constitución, aunque como digo, y lo sé de primera mano, muchos de sus miembros vienen trabajando ya desde hace un tiempo.

La pregunta clave es qué se impondrá, en caso de vacilación, en las decisiones de Moncloa: ¿el criterio científico de los expertos, a cuya recopilación dedican extensos informes, de referencia mundial, los países que cita la propia Oficina: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón o Nueva Zelanda (sí, muy buenos sus trabajos sobre prevención de incendios o economía circular, por ejemplo)? ¿O seguirá siendo la ideología y el cálculo electoral el eje central?

Como me dice un destacado científico español, debemos temer que usen sólo aquella parte de la opinión de los expertos que contribuya a respaldar su posición ideológica.

Conviene poner la creación de la ONAC, que es una buena noticia en sí misma, en contexto. Podemos servirnos de varios casos de estudio para ello. El primero es el informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), el sancta sanctorum en la defensa de las acciones contra el cambio climático. En su informe de 2022, habla explícitamente de las oportunidades de reducción de costes y estandarización del diseño y las innovaciones en los enfoques de construcción de los reactores nucleares modulares pequeños (SMR). Según los expertos ¡del IPCC!, los harán competitivos frente a los grandes reactores en 2040.

El Panel afirma expresamente que sin la tecnología nuclear es impensable alcanzar el objetivo de frenar el aumento de temperaturas en 2050. Frente a las suspicacias de raíz ideológica, el informe del IPCC afirma también que los estudios de análisis del ciclo de vida sugieren que los impactos generales en la salud humana (en términos de años de vida ajustados por discapacidad) del funcionamiento normal de las centrales nucleares son sustancialmente más bajos que los causados por las tecnologías de combustibles fósiles y son comparables a la energía renovable.

¿Se impondrá el criterio de los expertos a la ideología y reactivaremos un programa nuclear moderno y tecnológicamente avanzado en España? Ahora mismo estamos fuera de juego en este asunto.

Otro ejemplo: te invito a hojear este informe de la Casa de los Comunes de Reino Unido sobre “El potencial antimicrobiano de los bacteriófagos”, que incluye la advertencia de que “el Gobierno deberá responder en dos meses”. Los fagos representan una de las vías de investigación más interesantes de la actualidad en biomedicina. Se trata de microorganismos capaces de atacar a bacterias (por los que tenían especial predilección los países de la exUnión Soviética, por cierto) y se espera que puedan llegar allí donde la química, las moléculas, fracasan.

Un informe de esta precisión y con este alcance debería servir de referencia para la toma de decisiones en Moncloa y, dado que el papel de la ONAC es “establecer mecanismos institucionales para el asesoramiento científico, identificar y potenciar casos de buenas prácticas dentro y fuera del sector público y ayudar a crear puentes entre el Gobierno y el talento científico que existe en centros de investigación y universidades”, se entiende que ese es el objetivo: contar con documentos de este nivel que puedan leerse en Corea del Sur, Estados Unidos, Polonia, Francia o Turquía para formar criterio en asuntos estratégicos. Es lo que sucede hoy en el caso de los informes de otros gobiernos, que muchos devoramos.

Recuerdo que en España hemos sido capaces de publicar una “Estrategia Española de I+D+i en Inteligencia Artificial” del Ministerio de Innovación y Ciencia, en 2019; una “Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial” del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en 2020; y un libro de 200 páginas titulado “Artificial Intelligence, Robotics & Data Science”, dentro de la iniciativa CSIC Scientific Challenges: Towards 2030. Y en ninguno de ellos aparecen datos de elaboración propia del Gobierno sobre la situación de la IA en España.

Por último, no caigamos en la ingenuidad de pensar que la ciencia funciona estrictamente al margen de la ideología en España. Cualquiera que esté familiarizado con el diálogo con investigadores, aunque sea como puro espectador, como puede ser mi caso, lo puede acreditar. La política universitaria, como la empresarial, la sindical, la funcionarial y hasta la futbolística, existen y condicionan la toma de decisiones en un país como el nuestro, tan inmaduro desde el punto de vista de valores democráticos y tan polarizado.

De modo que sí, bienvenida la ONAC, es un instrumento necesario, conveniente, lógico, adecuado. Pero no hagamos lo de siempre. En un foro reciente, muchas mesas de debate sobre cuestiones clave como el agua, las infraestructuras o la energía acababan con la misma salmodia: “hay que hacer un plan nacional”. Es como si el CIO de una compañía resolviera los problemas tecnológicos con la premisa: “hay que integrar ChatGPT”. El cambio no es colocar a la ciencia cerca del presidente, sino convertirla en un punto de encuentro para afianzar consensos y pasar a la acción. De una vez por todas, vaya.

Yo le doy un voto de confianza a la ONAC, porque sé que hay personas muy valiosas relacionadas con ella. Y, ya que la tarea de respaldar el éxito de una iniciativa comienza por identificar los riesgos que, en este caso, son muchos, hay que pedir a la política que ocupe el espacio que le corresponde y que no invada.