Revive Valencia: estas son las primeras medidas aprobadas para afrontar los daños de la DANA

El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar las «medidas de alivio financiero para hogares y empresas» para paliar los daños causados por la Dana, principalmente en la provincia de Valencia. Los destinatarios son tanto el ámbito empresarial como el personal y el financiero, entre otros como la vivienda . El decreto ley es un «primer paquete» de ayudas, que recoge, por ejemplo, un abanico que va desde los 10.000 euros hasta los 150.000, para compensar los daños del sector empresarial, así como la exención de determinados impuestos.

Atlas Tecnológico ha lanzado la iniciativa Revive Valencia y arranca con la donación de 50 Proyectos Rumbo gratis a compañías afectadas. Con la ayuda de Noelia Escobar, responsable de institucional e intangibles de INCOTEC, analizamos los puntos álgidos del Real Decreto. El Colegio de Abogados de Barcelona ha elaborado también un resumen ejecutivo que puedes descargarte aquí.

Según el BOE, las zonas más afectadas han sido, en la provincia de Valencia, la zona de Utiel, Requena, l´Horta Sud, la Ribera Alta y Baja y la Comarca de los Serranos; en Albacete, el municipio de Letur, en el que se ha producido una riada; en Cuenca, el municipio de Mira; y señala también diversos puntos de Andalucía. El documento explica que las medidas son «actuaciones y movilizaciones llevadas ya a cabo para atender de forma inmediata algunos aspectos considerados como prioritarios, y sin perjuicio de la adopción posterior de cuantas medidas sean necesarias para ayudar a las víctimas de la tragedia». Es decir, se trata de un «primer paquete».

El decreto busca reconstruir, reponer y reparar las infraestructuras, servicios y bienes, públicos y privados, dañados. La concesión dirigida al sector empresarial establece que el importe dependerá del volumen de facturación del ejercicio 2023, lo que abre un abanico que va desde los 10.000 euros hasta los 150.000. Para los autónomos, la ayuda es de 5.000 euros. En ambos casos, las solicitudes se deben realizar a través del formulario electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, antes del 31 de diciembre.

En el mismo sentido el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa pone en marcha, a través del ICO, una nueva línea de avales ICO-DANA. La propuesta cuenta con 5.000 millones de euros destinados a facilitar la liquidez de hogares, autónomos y empresas, quienes «podrán adelantar la percepción de las indemnizaciones que deba abonar el Consorcio de Compensación de Seguros», según indica el Ministerio. A su vez, las familias y empresas de zonas afectadas (con facturación inferior a seis millones de euros) podrán adelantar la percepción de las indemnizaciones que deban abonar. También las pymes, autónomos y hogares, podrán acceder al trámite desde su banco a la línea ICO-DANA.

Entre otras medidas, se estima la exención del IBI y Actividades Económicas durante el ejercicio de 2024, que afecten a los inmuebles dañados. Así como, sobre las sanciones laborales y de Seguridad Social se dicta la exoneración de cuotas a la institución, ampliación de plazos y moratorias, y prestaciones por cese de actividad.

Por otro lado, en el ámbito de las viviendas se dispondrá de 10.320 a 60.480 euros para la reconstrucción y cambio de electrodomésticos. La solicitud puede presentarse hasta el 07/01/2025 en la sedé electrónica del Ministerio del interior o en las subdelegaciones del gobierno que correspondan.

Debido a la «magnitud de la emergencia» y en «solidaridad con la Comunidad Valenciana,» el BOE advierte que se han ofrecido los medios por parte de diversas comunidades autónomas, ciudades autónomas y numerosos organismos internacionales, para atender las múltiples urgencias de personas atrapadas y aisladas en los municipios afectados. A su vez, sostiene que todo ello trata de «subvenir la grave perturbación de las condiciones de vida de la población, el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales y la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas», lo que «justifica la intervención de la Administración General del Estado, administraciones públicas territoriales, y, en particular, de las comunidades autónomas».