¿Quiere España prohibir el cifrado de extremo a extremo de los mensajes privados?

La posible respuesta de España a la consulta del Consejo de Europa para elaborar una “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual infantil” (CSA) ha provocado la reacción airada del medio tecnológico norteamericano Wired, que en un artículo filtra el documento y acusa a nuestro país de defender la prohibición del “cifrado para cientos de millones de personas dentro de la Unión Europea”.

El borrador de la norma no permite a las empresas de tecnología ir tan lejos. Pero sí acepta la posibilidad de que escaneen las plataformas, incluidos los mensajes privados de los usuarios, para encontrar material ilegal. Es un escenario que compartirían 15 de los 20 países consultados.

España habría mostrado la posición más “extrema”, según Wired. Según el documento que difunde en su artículo, habría respondido lo siguiente: “Idealmente, en nuestra opinión, sería deseable impedir legislativamente que los proveedores de servicios con sede en la UE implementen el cifrado de extremo a extremo”.

Como se trata de una opción “muy controvertida”, el Gobierno español sugeriría como solución que “el cifrado con descifrado automático se realice en algún servidor intermedio de la comunicación. Obviamente, este punto final debe ser informado al usuario, siendo una detección automática no accesible” ni para el usuario, ni para “ningún operador humano”.

El argumento de nuestro país sería que “las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley deben tener los medios para poder seguir cumpliendo con sus obligaciones legales ahora que muchos delincuentes se han trasladado al mundo virtual. Es imperativo que tengamos acceso a los datos, por lo que deben conservarse, y es igualmente imperativo que tengamos la capacidad de analizarlos, sin importar cuán grande sea el volumen”.

En ese sentido, según la respuesta recogida en el documento difundido por Wired, “es nuestra obligación, esto no es una opción: debemos disponer de los recursos técnicos, humanos, de innovación y de formación necesarios. Y entre esos recursos necesitamos, al menos, mantener nuestros actuales niveles de eficacia contra la delincuencia, así como un marco legal avanzado, flexible y equilibrado que fomente la innovación respetando plenamente los derechos y libertades de los ciudadanos”.

Si se emite “una orden de detección en relación con el uso de material CSA encriptado”, España coincidiría en que “el proveedor puede tener la capacidad de descifrar el material CSA cifrado” y añade que “la Autoridad encargada de hacer cumplir la ley (LEA) podría solicitar acceso al material cifrado y, si el proveedor de servicios de Internet se niega a proporcionarlo, la LEA podría presentar una orden judicial para obtener acceso a los datos cifrados. Si se emite la orden judicial, entonces el material cifrado podría descifrarse”.

En última instancia, según el documento difundido por Wired, España estaría también “de acuerdo en incluir comunicaciones de audio en el alcance de la propuesta de CSA”. Habría puesto como referencia a “los principales proveedores de servicios en los EEUU” para sostener que “la detección automática de contenido en las comunicaciones interpersonales es la clave”. Una detección automática “informada al usuario en las condiciones de uso de los servicios, para no vulnerar el derecho a la privacidad del usuario”.

Por último, siempre según el documento difundido por la publicación norteamericana, España habría recomendado que “la detección se realice tanto en comunicaciones interpersonales como en contenidos de acceso público. Esto ayudaría a garantizar que se identifique cualquier contenido relacionado con CSA y se brinde la asistencia adecuada a las víctimas”.