Llega la hora de la verdad para los Espacios Europeos de Datos: oportunidad para innovar o amenaza para la competitividad

Europa está dando un paso decisivo hacia la consolidación de una economía digital propia, con los espacios europeos de datos como uno de sus pilares fundamentales. Esta iniciativa, enmarcada en la Estrategia Europea de Datos, pretende crear un mercado único donde datos de múltiples sectores puedan compartirse de manera segura y controlada. Aunque promete abrir nuevas oportunidades de innovación y crecimiento, también ha generado inquietud en sectores industriales y tecnológicos sobre su alcance y ritmo de implementación.

El despliegue de estos espacios se apoya en dos regulaciones fundamentales. Por un lado, el Data Governance Act, en vigor desde septiembre de 2023, establece las bases organizativas para estos espacios, regulando a los intermediarios de datos y la reutilización de datos públicos. Por otro, el Data Act, publicado el 22 de diciembre de 2023 y que será de aplicación obligatoria desde el 12 de septiembre de 2025, establece nuevas reglas sobre el acceso y uso de datos generados por productos conectados (dispositivos IoT, maquinaria industrial, smartphones, etc.).

Los espacios europeos de datos son ecosistemas sectoriales diseñados para facilitar el intercambio de datos entre diferentes actores (empresas, administraciones públicas y ciudadanos) en un entorno que garantice la soberanía, la confianza y la seguridad. Estos espacios se aplican en ámbitos como la salud, la energía, la movilidad, la industria o la administración pública, y buscan impulsar la economía del dato, considerada un habilitador clave de la transformación digital y la transición ecológica.

Según la Comisión Europea, esta economía podría representar cerca del 5% del PIB europeo en 2025, situando al dato como un elemento estratégico para el desarrollo de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial o el IoT.

El Data Act supone un cambio radical en la forma en que los datos son gestionados en la UE. Incluye el derecho de acceso y portabilidad, mediante el cual los usuarios finales, tanto consumidores como empresas, tendrán derecho a acceder y portar los datos generados por los dispositivos que utilizan, incluyendo metadatos como marcas temporales. Además, regula una obligación para proveedores: las empresas fabricantes y proveedoras de servicios deberán facilitar estos datos en condiciones claras, equitativas, razonables y no discriminatorias, sin imponer cláusulas desfavorables.

También regula las condiciones en relaciones B2B, y recoge que en los entornos empresariales, cualquier compensación por el uso de datos debe ser proporcionada, razonable y documentada. Por último, establece que determinados datos deberán ser puestos a disposición gratuitamente de las autoridades en casos de emergencia.

Todo esto afectará no solo a las empresas europeas, sino también a cualquier fabricante o proveedor que comercialice productos y servicios conectados dentro de la UE, incluso si están establecidos fuera de ella.

En línea con esta estrategia europea, el Gobierno de España ha asignado recientemente 93,7 millones de euros en ayudas para impulsar la creación de espacios de datos. El 12 de junio de 2025, el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública anunció la concesión de estas ayudas a 187 proyectos innovadores en sectores como salud, agroalimentación y movilidad sostenible. Esta iniciativa, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, busca movilizar más de 175 millones de euros sumando la inversión pública y privada, para desarrollar casos de uso, productos y servicios tecnológicos aplicados a los espacios de datos.

Del presupuesto total, las entidades privadas lideran el 82 % de los proyectos, recibiendo el 71 % de las subvenciones, mientras que las entidades públicas representan el 18 % y reciben el 29 % restante. Esta inversión sitúa a España como uno de los países pioneros en la implementación práctica de los principios de la Estrategia Europea de Datos.

Oportunidades y temores

Los espacios de datos y el Data Act son vistos por muchos como una gran oportunidad para el crecimiento y la innovación. Firmas de consultoría como DLA Piper y ThoughtWorks destacan que la regulación permitirá abrir nuevos mercados para el uso de datos, generar modelos de negocio inéditos y facilitar el desarrollo de servicios personalizados y eficientes. La Comisión Europea estima que el impacto económico positivo podría superar los 270.000 millones de euros en el PIB de la UE hasta 2028.

En el ámbito de la salud, el Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EEDS) facilitará la interoperabilidad entre sistemas sanitarios, permitiendo una atención médica transfronteriza más efectiva y acelerando la investigación biomédica. En movilidad, se prevé que los datos de vehículos sean accesibles para talleres independientes, fomentando la competencia y evitando monopolios de los fabricantes.

Pero pese a las oportunidades, la normativa también ha despertado inquietud en sectores industriales y tecnológicos. En este sentido, organizaciones como BusinessEurope y Digital Europe advierten que la UE está moviéndose “demasiado rápido”, sin evaluar adecuadamente el impacto práctico en las empresas.

También, fabricantes como Siemens y asociaciones como VDMA temen que la obligación de compartir datos industriales pueda exponer secretos comerciales y poner en riesgo la competitividad europea frente a actores estadounidenses y chinos. Desde Siemens Healthineers, su CEO Bernd  Montag también advirtió que sin protecciones adecuadas, la regulación podría incluso comprometer la ciberseguridad de dispositivos médicos críticos, con posibles implicaciones para pacientes y profesionales sanitarios. A estas voces críticas se suman grandes tecnológicas como Google y Meta, que han criticado la creciente carga regulatoria europea, señalando que puede ralentizar el desarrollo y lanzamiento de productos innovadores en el mercado europeo.

La entrada en vigor del Data Act va a exigir que las empresas adapten sus sistemas técnicos (APIs, mecanismos de portabilidad, gestión de metadatos), revisen contratos para garantizar la transparencia y la equidad, fijen precios razonables en relaciones B2B para el intercambio de datos y refuercen sus políticas de protección de datos (en cumplimiento con el GDPR y otras normativas sectoriales). Además, en sectores sensibles como la salud, deberán anticipar las obligaciones del Reglamento EEDS, que entrará en vigor en marzo de 2027.

En contraste, asociaciones de usuarios y operadores, como la International Road Transport Union, defienden la iniciativa por considerar que desbloqueará datos a los que actualmente solo los fabricantes tienen acceso, facilitando servicios de terceros.

Los espacios europeos de datos simbolizan la ambición de la UE de liderar la economía del dato desde valores de soberanía, transparencia y equidad. Su éxito dependerá de un delicado equilibrio: fomentar la innovación y la colaboración sin comprometer la competitividad ni la seguridad de las empresas europeas. Para algunos, es una oportunidad histórica; para otros, un riesgo regulatorio que podría frenar la inversión. Lo cierto es que, a partir de septiembre, el acceso y portabilidad de datos dejarán de ser una opción para convertirse en un requisito ineludible.