La nueva Ley aspira a llegar al 20% del PIB ampliando el concepto de Industria y con nuevos instrumentos para las crisis

El secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Raül Blanco, ha desgranado las claves de la futura Ley de Industria en su intervención en un Encuentro sobre la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por AMETIC en Santander, articulado en torno a la idea de la “Reindustrialización Digital y Sostenible”. Ideas a apuntar: se amplía el concepto de industria, para incluir los servicios a la producción, lo que sin duda contribuirá a conseguir el objetivo del 20% del PIB; actualizará el régimen de infracciones en materia de calidad y seguridad; y creará nuevos instrumentos para la intervención de la Administración en crisis como las vividas en plantas de Nissan, Alcoa y Vestas recientemente.

“La Ley de Industria tendrá sentido si tiene consenso, la industria no tiene que ser un elemento de polémica política, hay terreno suficiente como para que el consenso se pueda construir entre todos los grupos políticos”, ha afirmado Raül Blanco en una de las intervenciones más esperadas del evento. La nueva norma debe articular “las medidas que salgan del Pacto de Estado”, y eso incluye “ampliar la definición de industria incorporando actividades accesorias o complementarias, lo que serían servicios a la producción, tratando de adaptar nuestro tejido productivo a los nuevos modelos de negocio que superan el concepto tradicional de venta, que están muy ligados a la industria y forman parte de ese sistema de producto-servicio”.

La reforma deberá actualizar también “los mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas y actualizar el sistema de calidad y seguridad industrial, actualizando el sistema de infracciones y sanciones”, ha añadido el secretario general de Industria. E introducirá “nuevos capítulos como la posibilidad de contar con recursos estables en la Administración para la política industrial e ir hacia esa política industrial compleja”.

Por último, establecerá nuevos “instrumentos en casos de reindustrialización, para crisis como las que hemos vivido en Nissan, Alcoa o Vestas, casos en los que hay una normativa laboral a aplicar”, pero se ha echado en falta “contar con instrumentos que nos permitan desde la Administración actuar para garantizar no solo el ámbito laboral, sino el futuro de las capacidades industriales y de los territorios que se ven afectados por esas crisis industriales”.

En opinión de Raül Blanco, ha quedado superada la etapa en la que “se creía que los países podrían sobrevivir cediendo la actividad manufacturera a terceros”. Asegura que “sin fábricas, sin industria, no tenemos futuro y no hay sostenibilidad, necesitamos una industria cercana, con huella de carbono reducida”. Y ha vinculado esta idea al debate sobre el Perte de los microchips: “esa tendencia del fabless, de no tener fábrica, debemos seguir trabajando para corregirla” y aprovechar el Plan de Recuperación para poner en marcha una “política industrial activa, compleja, yendo a grandes proyectos, no sólo repartir fondos, tener óptica de ir más allá, a proyectos de masa crítica, que aglutinen sectores y cadenas de valor”.

“Hay que dar estabilidad y continuidad a este marco para que, esté quien esté en el Gobierno, la industria sea motivo de consenso, la política industrial sea de consenso político y territorial. Es necesario que pongamos en marcha los instrumentos que garanticen esa estabilidad”, ha afirmado el responsable del Ministerio.

En cuanto al Pacto de Estado por la Industria, ha recordado que, el pasado 27 de junio, “el Foro de Alto Nivel de la Industria aprobó las bases del Pacto de Estado, documento que nace desde la industria e interpela a toda la sociedad. No es documento del ministerio o del Gobierno, coordinado por el Instituto de Ingeniería de España, que ha hecho de relator, de coordinador, en esta difícil labor de consensuar un texto. Lo que se espera es que, naciendo del consenso de los agentes sociales, se extienda a los grupos parlamentarios y a otros agentes sociales que se quieran incorporar”.

Los siete grandes ejes son: que la actividad industrial suponga 20% PIB; alinearse con Europa; sinergias entre política industrial y energética; incorporar la perspectiva de la pyme industrial; potenciar los sectores estratégicos y esenciales; la industria como garante de seguridad nacional; e involucrar a todos los ámbitos administrativos y agentes sociales en la gobernanza de todos los instrumentos que se pongan en marcha.

Ese texto fue presentado a las comunidades autónomas en julio, “el Pacto de Estado nos dará la base, el consenso, para que la política industrial sea de futuro independientemente de quien gobierne y del territorio. Necesitamos blindarlo normativamente y eso significa actualizar la Ley de Industria, que es de 1992”, ha afirmado Raül Blanco. En ese sentido, “tenemos un hito que cumplir, recogido en el Plan de Recuperación, que es que el 31 de diciembre de 2023 la Ley de Industria tiene que estar aprobada en las Cortes. Para llegar ahí tenemos que correr y empezar a tener novedades y avanzar”.

Una vez desarrollados la ley y el Pacto de Estado, “la Estrategia de Política Industrial: nos va a salir sola. Estamos trabajando ya en ella, el Plan de Recuperación ya lo es, hagamos los elementos de base y definamos estrategias 2030 y 2040”.