La Ley de Industria en vilo: la salida de Junts amenaza el futuro de una medida clave para España

La ruptura del acuerdo de investidura entre Junts per Catalunya y el PSOE ha encendido las alarmas en muchos ámbitos. Si bien las consecuencias políticas se debaten en los pasillos del Congreso, puede que el golpe fundamental se dé en el centro mismo de las reformas estructurales que el Gobierno esperaba impulsar en esta legislatura. Entre ellas, la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, considerada una pieza clave para modernizar el modelo productivo español, podría quedar atrapada en un limbo si la estabilidad parlamentaria se resquebraja.

Junts anunció este lunes el fin al pacto de investidura con el PSOE. Míriam Nogueras adelantó que ya no habrá negociaciones previas ni reuniones “en Suiza u otros escenarios”, y que el sentido del voto en cada norma se revelará una vez aparezca en el marcador. Esto puede convertir la salida de cada ley en una batalla impredecible.

Hasta ahora, Junts había mantenido un perfil intermitente: ha bloqueado piedras angulares del proyecto del Gobierno (como la reducción de jornada, la revalorización de pensiones o el decreto antiapagones), pero también ha actuado como aliado ocasional. Por ejemplo, apoyó la Ley de Movilidad Sostenible. Esa práctica, sin embargo, puede volverse mucho más escasa si los canales de diálogo con el partido catalán se cierran definitivamente.

Justamente en ese contexto, la Ley de Industria necesita un entorno legislativo lo más libre de obstrucciones posible. El ministro Jordi Hereu ha defendido esta norma como esencial para convertir a España en un “hub industrial europeo”, y ha subrayado que ya se están movilizando los 10.000 millones del Plan de Industria y Tecnológico en Seguridad y Defensa para apoyar ese objetivo. Pero esas inversiones requerirán un marco jurídico claro y estable para desplegarse, y cualquier retraso puede multiplicar la incertidumbre para los actores industriales.

Aquí cobra especial peso lo expresado por Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria, durante su intervención en el Collaborate Barcelona 2025 organizado por Atlas Tecnológico. Allí, García Brustenga enfatizó que la normativa que se propone “regula y vigila que se cumplan estándares”, y subrayó que la bandera del proyecto es “la calidad, pero hay que ser productivos e innovadores”. Además, defendió que la innovación no puede entenderse sólo como trasvase del conocimiento científico, sino como “demanda estructurada de las empresas y la sociedad”, y que la ley debe capturar esa tracción de innovación y coordinarla con políticas europeas. En su visión, la industria española que aspira a competir en 2025 no puede prescindir de un instrumento que asegure estándares, calidad e innovación coordinada.

Estas palabras ponen en relieve algo que va más allá del discurso político : la Ley de Industria es una palanca normativa para ordenar el ecosistema industrial, darle certidumbre a los actores tecnológicos y establecer reglas de juego creíbles frente a las demandas actuales.

El riesgo es que, con Junts desligado del Gobierno, muchas de esas reglas de juego queden en manos del devenir parlamentario. Si el partido catalán decide votar sistemáticamente en contra, cada artículo de la ley podría ser objeto de veto o bloqueo. Y cuando una norma clave queda atrapada en enmiendas, ponencias y debates técnicos, lo que estaba pensado como acelerador se convierte en freno.

En Moncloa se insiste en que la voluntad del Gobierno es trabajar “ley a ley”, dialogar con otros grupos y mantener activos los cauces parlamentarios. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, ha recordado que toda relación política tiene “altibajos” y que la ruptura con Junts no debe paralizar el proyecto general.

Pero la realidad política impone una pregunta: ¿podrá el Gobierno sostener la tramitación de una ley de tanto calado sin depender de un socio que ya no está? Sin duda, será imprescindible una mayoría parlamentaria sólida y estable. De lo contrario, España podría perder una oportunidad histórica.

Si la Ley no consigue salir adelante será una señal negativa para la industria y un obstáculo para fondos europeos, planes estratégicos y cadenas de valor en sectores críticos. Y en un momento en que la digitalización, la geopolítica y la competencia global demandan decisiones audaces, aplazar la ley sería una concesión demasiado arriesgada.