Balance de España a mitad de la Década Digital: avances en infraestructura y desafíos en empresas y en talento digital

Europa atraviesa un momento decisivo en su transformación digital. A medida que el calendario avanza hacia 2030, los Estados miembros enfrentan el desafío de convertir en resultados concretos las ambiciosas metas del Programa de Política de la Década Digital. El objetivo es claro: consolidar un modelo digital europeo basado en la soberanía tecnológica, la sostenibilidad, la inclusión y los derechos fundamentales. Sin embargo, el reciente informe ‘State of the Digital Decade 2025’, publicado por la Comisión Europea, muestra que la Unión sigue lejos de cumplir buena parte de esos objetivos si no incrementa sus esfuerzos.

La brecha entre ambición y ejecución es evidente en áreas clave como inteligencia artificial, infraestructuras digitales, competencias tecnológicas y financiación de la innovación. Aunque se han logrado avances en conectividad y se han puesto en marcha marcos regulatorios pioneros (como el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), el Reglamento de Mercados Digitales (DMA) y la reciente Ley de Inteligencia Artificial), la UE aún depende en gran medida de tecnologías y plataformas extranjeras. Esta dependencia, junto a la fragmentación de políticas entre países y la escasez de talento cualificado, amenaza con debilitar la competitividad del continente en un contexto de competencia geopolítica e innovación acelerada.

Solo el 69% de las empresas de la UE han adoptado tecnologías digitales básicas, muy por debajo del objetivo del 90% fijado para 2030. En el ámbito del talento, el porcentaje de especialistas en TIC en la población activa europea apenas supera el 4,6%, lejos de la meta del 20 millones de especialistas para 2030. Además, solo un 54% de los ciudadanos europeos posee habilidades digitales básicas, lo que refleja un reto estructural en materia de formación y alfabetización digital.

Uno de los principales desafíos sigue siendo la fuerte dependencia de tecnologías digitales extranjeras, especialmente en áreas estratégicas como los semiconductores, la nube y la ciberseguridad. Actualmente, el 80% de los proveedores de empresas europeas están ubicados fuera de la UE, con una concentración significativa en EEUU y Asia. Por ejemplo, más del 90 % de los chips más avanzados se fabrican en Taiwán. Esta situación expone a la Unión a riesgos geopolíticos y limita su soberanía tecnológica.

Asimismo, el dominio de los hiperescaladores estadounidenses en el mercado europeo de la nube (con una previsión de que generen el 65 % de la demanda de centros de datos en Europa para 2028), junto con la escasa presencia de plataformas digitales europeas entre las más utilizadas, subraya la urgencia de fortalecer capacidades propias. Estas dependencias, además de aumentar la vulnerabilidad de los sectores clave (como el financiero o el de defensa), comprometen los principios de seguridad económica y autonomía estratégica que Europa se ha propuesto alcanzar con la Década Digital.

Retos para España

En el caso de España, el informe revela un panorama mixto: mientras la infraestructura digital del país se mantiene sólida, persisten importantes retos en la digitalización empresarial, el desarrollo de talento TIC y la ejecución de inversiones estratégicas. Según el informe, el país cuenta con una red digital “más avanzada que la media de la UE” gracias a políticas públicas eficientes. La cobertura de redes de alta velocidad, la expansión de nodos de computación en el borde (se estima que hay al menos 301 en 2024) y la apuesta por tecnologías emergentes sitúan a España en una posición destacada en el eje de conectividad. Sin embargo, el informe advierte que esta fortaleza estructural no se está traduciendo en beneficios proporcionales para la economía ni la sociedad.

Donde España sigue arrastrando un déficit importante es en la digitalización empresarial, en especial entre las pequeñas y medianas empresas. La adopción de tecnologías como inteligencia artificial, soluciones en la nube y análisis de datos sigue siendo baja, lo que compromete la competitividad de estas compañías en un entorno global cada vez más exigente.

La Comisión recomienda a España “continuar los esfuerzos para apoyar la digitalización de las empresas, en particular fomentando la adopción de la IA, prestando atención especial a las pymes”. El país cuenta con 13 unicorns (empresas tecnológicas valoradas en más de 1.000 millones de euros), pero su número es aún modesto comparado con economías como Francia o Alemania. El informe también pone el foco en la ejecución del Proyecto Estratégico para Microelectrónica y Semiconductores, donde España “sigue teniendo dificultades para asignar los fondos públicos previstos”.

De los 67 proyectos recogidos en la hoja de ruta nacional, con un presupuesto total de 33.800 millones de euros (equivalente al 1,68 % del PIB nacional, con 26.700 millones provenientes de fondos públicos), una parte significativa aún no ha sido implementada con eficacia. A través del Plan de Recuperación y Resiliencia, España ha comprometido 40.400 millones de euros a la transformación digital, además de 5.000 millones procedentes de los fondos de cohesión europeos. Pero atascos administrativos y dispersión estratégica siguen dificultando el impacto efectivo de estos fondos.

Formación y talento

Otro de los grandes retos para España es la formación y captación de talento digital, un problema que no solo es exclusivo del país. Aunque se ha observado una mejora en el número de especialistas en TIC, su proporción sobre el total de trabajadores sigue por debajo de la media de la UE. La Comisión recomienda intensificar los esfuerzos para aumentar esta cifra, incluyendo medidas para cerrar la brecha de género y fomentar la formación desde etapas tempranas del sistema educativo. Sin una base sólida de profesionales cualificados, la digitalización de empresas y administraciones públicas no podrá consolidarse de forma sostenible.

En el plano de los derechos digitales, España destaca por su compromiso con los principios de la UE y la protección de los colectivos más vulnerables. El país ha tomado “acciones políticas significativas en favor de la protección de los menores en el entorno digital” y ha promovido activamente la implementación de la Declaración de Derechos y Principios Digitales de la UE.

La percepción de la ciudadanía española sobre el impacto de la digitalización es mayoritariamente positiva. Según el Eurobarómetro sobre la Década Digital 2025, el 72% de los ciudadanos cree que la digitalización de los servicios públicos y privados les facilita la vida. Además, el 92% considera prioritario combatir la desinformación y el 85% defiende la necesidad de apoyar el crecimiento de empresas europeas competitivas a escala global. Estos datos muestran un entorno social favorable a la transformación digital, aunque también exigen un liderazgo institucional decidido para cumplir con las expectativas ciudadanas.

El informe concluye que 2025 es un “punto de inflexión” para Europa. Para España, significa acelerar la implementación de medidas ya diseñadas, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y reforzar su ecosistema de innovación. El próximo informe, previsto para 2026, será clave para evaluar si el país logra impulsar sus fortalezas y corregir sus debilidades a tiempo.

En el plano de la UE, y tal y como concluye el informe, “la escasez de personal cualificado, las deficiencias en infraestructuras (especialmente en conectividad y tecnologías fundamentales) y la creciente preocupación por la seguridad y la soberanía exigen atención urgente”. “Sin una acción decisiva y coordinada, la UE corre el riesgo de perder importantes avances”, advierte. Solo utilizando las fortalezas colectivas como ventaja estratégica, y manteniendo esa acción conjunta, Europa podrá alcanzar los objetivos de la Década Digital y tomar posición en la construcción del futuro digital.