Dos nuevas leyes que harán de los servicios digitales un espacio transparente y seguro

Debido a la consolidación de nuevos negocios en Internet, han surgido cuestiones que desbordan a los supuestos contemplados en la normativa europea vigente. Ante el nuevo contexto, la UE ha propuesto dos nuevos reglamentos: Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, con el fin de adecuar la existe situación
13 de julio de 2022 | Compartir: Compartir en twitter Compartir en LinkedIn
Dos nuevas leyes que harán de los servicios digitales un espacio transparente y seguro

La presencia del mundo digital en la rutina de la mayoría de la sociedad es un hecho cada vez más relevante. Debido a ello, la Unión Europa (UE) ha establecido un nuevo código normativo con el objetivo de abordar los efectos sociales y económicos del sector tecnológico. Por lo tanto, el Parlamento Europeo, ha constituido la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, dos reglamentos para garantizar la rendición de las cuentas tecnológicas, situadas en un ámbito cada vez más exigente y todavía cambiante.

LEY DE SERVICIOS DIGITALES

La nueva normativa presenta unos parámetros claros: la prohibición de ciertas conductas y un estricto régimen sancionador. Tal y como informa el Parlamento Europeo, lo que es ilegal en el mundo real lo ha de ser también en el digital. El régimen deberá aplicarse a empresas que provean uno o más servicios básicos de plataforma como: motores de búsqueda, redes sociales, asistentes virtuales, entre otros. Además, el reglamento solamente se aplica a aquellas empresas que sean designadas como “guardianes de acceso” por la Comisión, es decir, aquellas plataformas cuya posición aboca a todos los usuarios a utilizarlas.

       Criterios para ser considerado ‘Guardian de acceso’ por la UE. Fuente: Garrigues

Entre las nuevas regulaciones, se incluyen medidas para neutralizar contenidos ilegales en línea y requisitos que obligan a las plataformas a intervenir, respetando la libertad de expresión y la protección de datos. Además, se observa un endurecimiento en las condiciones de los controles a comercios, con el objetivo de promover la seguridad del servicio, se incluyen controles esporádicos que trataran de evitar la publicación de informaciones indebidas. El refuerzo de la transparencia también ha consolidado un punto clave en el nuevo decreto, exigiéndose una moderación en el caso del uso de algoritmos al recomendar contenidos. La ley destaca la prohibición de prácticas engañosas y ciertos tipos de publicidad, por ejemplo, dirigida a los niños. La Ley de Servicios Digitales será directamente aplicable en toda la UE quince meses después de su entrada en vigor o a partir del 1 de enero de 2024.

LEY DE MERCADOS DIGITALES

El nuevo reglamento contempla objetivos que conciernen las reglas relacionadas con la prestación de servicios intermediarios. Tomando como referencia los datos extraídos por la compañía PWC, esta nueva ley favorecerá la creación de un entorno seguro, aportando mayor claridad a los conceptos de responsabilidad de los prestadores de servicios digitales. Además, se favorecerá la competencia leal de los sectores digitales con el objetivo de impulsar la innovación y la competitividad del entorno europeo.

Además de establecer unas pautas claras, la Ley de Mercados Digitales, presenta obligaciones para todos los prestadores de servicios intermediadores y plataformas. Entre ellas destacan: Publicar, una vez al año, informes claros sobre cualquier actividad de moderación de contenidos que hayan realizado durante el período pertinente. Diseñar e implementar procedimientos de “notificación y acción” que permitan a los usuarios denunciar aquellos contenidos ilegales o nocivos. Evaluar la fiabilidad de los comerciantes que operen dentro su plataforma mediante el requerimiento de documentación. Recopilar y hacer público un repositorio donde se incluya información sobre la publicidad presentada en la plataforma.

En el caso de quebrantar las reglas estipuladas, las plataformas en línea y los motores de búsqueda pueden enfrentarse a altas penalizaciones como el 6% de su facturación global, o en los casos de mayor gravedad, podrían prohibir su operatividad en el mercado de la UE.

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