Centralizar la defensa en Indra: una apuesta arriesgada para la innovación y la industria española

España afronta una transformación clave en su política de defensa. Con el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en 2025, lo que supone una inversión adicional de 10.500 millones de euros, el país tiene ante sí una oportunidad histórica para consolidar su base industrial y tecnológica, dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. España se enfrenta a la oportunidad de reforzar su posición en innovación y autonomía tecnológica en el ámbito de la defensa. El país se situaba en el noveno lugar entre los mayores exportadores de armamento del mundo (por detrás de EEUU, Alemania, China, Francia, Italia, Rusia, Reino Unido e Israel). Sin embargo, la estrategia elegida por el Gobierno para canalizar estos recursos, a través de una posible centralización del sector bajo el paraguas de Indra, ha generado un amplio debate sobre su conveniencia y efectos a largo plazo.

El objetivo declarado es convertir a Indra en un ‘campeón nacional’ de defensa, concentrando capacidades estratégicas para ganar eficiencia y soberanía tecnológica. Bajo la premisa de mejorar la coordinación, optimizar recursos y fortalecer la “autonomía estratégica”, según el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se pretende centralizar el sector de la defensa en una sola entidad pública-privada. No obstante, voces del propio sector alertan de que esta visión, centrada en la fusión de empresas y la concentración de poder, puede debilitar seriamente el tejido industrial español.

Hasta ahora, un puñado de empresas se han venido repartiendo el 80% de los contratos, con lugar destacado para Airbus Defence and Space, Airbus Military, Airbus Helicopters España, Indra, Navantia, General Dynamics Santa Bárbara e ITP Aero. Según la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide), a la cual pertenecen compañías del ecosistema de Atlas Tecnológico como TST o Maflow, la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa (BITD) española abarca más de 520 empresas, de las cuales el 85% son pymes, que constituyen el corazón de la cadena de suministro, y complementan a grandes tractoras como Airbus, Indra o Navantia con su agilidad e innovación. Gerardo Sánchez Revenga, presidente de Aesmide, señaló que las empresas tractoras «desarrollan sistemas completos, pero necesitan la flexibilidad e innovación de las pymes, que trabajan con universidades y startups para avanzar en tecnología”.

Sin embargo, se enfrentan a dificultades para acceder a contratos públicos, participar en programas estratégicos y escalar su innovación, con procesos burocráticos rigurosos, especialmente de catalogación del Ministerio de Defensa. Los requisitos estrictos, como certificaciones y auditorías, son obstáculos para pequeñas empresas con recursos limitados.

Freno al dinamismo del sector

Empresas como Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), nacida en Coslada como un pequeño taller familiar, han demostrado que las pymes pueden ser actores clave en el desarrollo de tecnologías avanzadas, colaborando incluso con gigantes como Indra y Airbus. Sin embargo, su supervivencia e impacto podrían verse comprometidos si las decisiones estratégicas del país se concentran en un único operador.

La innovación no nace de la centralización, sino de la colaboración. Países como Francia, Alemania y Estados Unidos han apostado por redes de cooperación entre grandes empresas, pymes, universidades y centros de investigación, lo que ha fortalecido su soberanía tecnológica y dinamismo industrial. En contraste, España parece orientarse hacia un modelo más vertical y dependiente.

Uno de los movimientos que más polémica ha generado es, precisamente, la posible fusión entre Indra y EM&E, aún en fase preliminar. La operación podría plantear un conflicto de interés, ya que el presidente de Indra, Ángel Escribano, es accionista de EM&E, que además está presidida por su hermano, Javier Escribano. Aunque desde la dirección de Indra se defiende que esta fusión aportaría “valor añadido”, expertos advierten que una concentración excesiva limitaría la competencia, frenaría el dinamismo del sector y podría provocar deslocalizaciones o pérdida de talento.

El riesgo de una centralización efectiva no es solo económico o tecnológico, sino también territorial. La industria de defensa genera empleo cualificado en comunidades autónomas como Andalucía, Galicia, Madrid o Extremadura. Un modelo centralizado podría afectar negativamente a este equilibrio, perjudicando a regiones que dependen de estas actividades para su desarrollo económico y social.

Como alternativa, gobiernos autonómicos como el de Extremadura han comenzado a impulsar estrategias propias para atraer inversión, fomentar la I+D y consolidar capacidades tecnológicas con aplicaciones duales. Su Plan de Impulso Regional al Sector Empresarial de la Defensa busca precisamente fortalecer el ecosistema desde la base, integrando empresas locales, infraestructuras clave como la Base Aérea de Talavera la Real, y sectores emergentes como la ciberseguridad y las energías renovables.

Ante este escenario, expertos del sector y representantes empresariales coinciden en que España necesita una política industrial moderna y descentralizada, que combine el liderazgo de grandes empresas tractoras con la agilidad y capacidad de innovación de las pymes. Fomentar redes de colaboración, apoyar la internacionalización y proteger el talento nacional son algunos de los pilares que se señalan como esenciales para construir una base industrial sólida y resiliente.

La centralización bajo Indra puede ofrecer una imagen de fortaleza inmediata, pero a costa de debilitar la diversidad y competitividad del ecosistema. En un contexto global donde la innovación tecnológica es la clave de la autonomía estratégica, apostar por un solo actor podría ser una apuesta demasiado arriesgada.