El Gobierno convierte la digitalización del campo en «una política de Estado», estos son los tres pilares de su estrategia

El PERTE Agroalimentario prevé una inversión de 1.002 millones de euros hasta 2023 y consta de tres ejes: 400 millones irán destinados al eslabón de la industria agroalimentaria, con el objetivo de mejorar sus procesos de producción; 450 millones se dedicarán a conseguir que la digitalización se extienda a todos los agentes que forman parte de la cadena de valor; y 150 millones recaerán en el área de I+D+I. 

Así se ha explicado en un encuentro virtual sobre las oportunidades para la digitalización del sector agroalimentario, celebrado en el marco de la aprobación del PERTE Agroalimentario del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que también se han presentado otras dos medidas para ayudar a las pymes y al sector agroalimentario: el programa Kit Digital y el Paquete de Digitalización. Sobre estos pilares ha construido el Gobierno la estrategia de transformación digital del campo.

España se encuentra “en un momento decisivo para el desarrollo productivo”, ha afirmado durante su intervención Salvador Estevan, director general de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Economía. Un proceso de cambio «que tiene que pasar por una reconversión en clave digital, y requiere unas transformaciones estratégicas transversales destinadas a poner en marcha un modelo de economía digital verde e inclusiva que vamos a construir durante la próxima década”, ha añadido. 

“La inversión en innovación en tecnología es un factor esencial. España tiene la oportunidad de subir varios peldaños en cuanto a competitividad y para lograrlo contamos con los recursos, infraestructuras y talento que nos va a permitir desarrollar esa imagen de tecnologías líder a nivel global. Es un reto en el que tenemos que participar todos y asumir como una verdadera política de Estado”, ha señalado Estevan. 

Paquete de Digitalización

El Paquete de Digitalización contempla ayudas para la formación y el asesoramiento en materia digital, y se nutre de fondos FEDER. Su objetivo es reducir la brecha digital ya que, según el DESI (Digital Economy and Society Index), un 36% de la población activa no tiene competencias digitales, lo que se agrava con la edad y el género. 

“Entre las personas de más de 55 años las  competencias digitales no llegan ni al 13%, y en el caso específico de mujeres mayores de 50 no llegan a un 7%”, ha explicado Maite Ambrós, subdirectora general de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura.

El paquete cuenta con acciones de transferencia de conocimiento e información, por un lado, que buscan mejorar las competencias digitales profesionales de la industria agroalimentaria y del sector primario; y de asesoramiento, gestión y sustitución, por otro, destinadas a las explotaciones agrarias.   

Los beneficiarios de estas ayudas, que cubren el 100% de los gastos subvencionables, son tanto entidades como personas usuarias. Las primeras pueden ser organizaciones profesionales agrarias y confederaciones intersectoriales de ámbito estatal, así organizaciones profesionales independientes, privadas y sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y con vinculación al sector agrario. Las personas usuarias, por su parte, tienen que ser profesionales del sector agrario o alimentario, gestores de tierras o pymes de zonas rurales. 

Kit Digital

El Kit Digital, presentado por  Luis Prieto, director de Economía Digital de Red.es, tiene como objetivo la digitalización de las empresas entre 0 y 50 empleados y contempla una inversión 3.000 millones de euros con cargo a los fondos Plan de Recuperación. 

Los beneficiarios y las cantidades que se destinan se dividen en tres capas: la primera es para empresas entre 10 y 50 empleados, a las que se concederían 12.000 euros; la segunda es para microempresas entre 3 y 10 empleados a las que se les concederá un bono de 6.000 euros, y el tercer grupo son las empresas que tienen de 1 a 3 empleados, a las que se destinarán 2.000 euros. Esta ayuda es de concurrencia no competitiva, el primero que se presente y cumple las condiciones se le concede. 

Las pymes podrán elegir entre un catálogo de soluciones las que necesitan implementar en su negocio y podrán hacer las combinaciones que quieran. Comercio electrónico, servicios de oficina virtual, inteligencia empresarial y analítica o ciberseguridad son algunas de las soluciones entre las que podrán optar. 

Hay algunos requisitos para poder solicitar el Kit Digital: ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo; cumplir los límites financieros y efectivos según el tipo de empresa; estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima exigida en la convocatoria; no tener consideración de empresa en crisis; estar al corriente de las obligaciones tributarias; no estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común; no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley de Subvenciones, y no superar el límite de ayudas de minimis.  

Para solicitar el Kit Digital primero hay que registrarse en www.acelerapyme.es y completar un test de autodiagnóstico, con el objetivo de conocer el nivel de digitalización de cada empresa y ofrecer servicios ajustados a las necesidades. El segundo paso es solicitar la ayuda en la sede electrónica de Red.es. 

Una vez concedida la prestación, para emplear el abono digital las empresas tienen que acceder al catálogo de agentes digitalizadores para decidir con quién desarrollar su solución digital, y deberán emplear el bono digital en un periodo inferior a los seis meses desde su concesión. 

Para facilitar los trámites burocráticos, las empresas beneficiarias podrán recurrir a la figura de un Representante Voluntario para la tramitación, cualquier tercero que pide la ayuda o realiza los trámites por cuenta de la pequeña empresa. También puede hacerlo el agente digitalizador.  

Los requisitos a cumplir por los agentes son, además de estar al corriente con las obligaciones tributarias: una facturación en el mercado español de al menos 100.000 euros en los dos años anteriores, o 50.000 en un año, en proyectos similares a los que se prestarán para el programa; en el caso de los autónomos sin trabajadores a su cargo, la facturación acumulada deberá ser de 700.000 euros en los dos años anteriores, o 35.000 en el año anterior.