Roma, Industria 5.0 y la UE verdadera

El informe final con las principales ideas del debate celebrado en Bruselas en torno al futuro de la Industria 5.0, a instancias de la Dirección General de Investigación e Innovación que encabeza Jean-Eric Paquet, a las órdenes de la comisaria Mariya Gabriel, ofrece una forma diferentes de afrontar uno de los grandes drivers tecnológicos.

Es así por muchas razones, pero llaman la atención las más heterodoxas. Se expresó, por ejemplo, la opinión de que la tradición del Derecho Civil de Europa continental es más adecuada que el derecho consuetudinario anglosajón cuando se trata de habilitar la Industria 5.0. Gracias Roma.

Según el Derecho Civil, heredero en muchos de sus principios del Derecho Romano, los contratos incluyen una obligación de buena fe al interpretar sus términos a través de los ojos de las partes del contrato. Esto contrasta con el enfoque existente en otras partes del mundo, donde el principio es que lo que no está excluido está permitido.

“El Código Civil mejora la transparencia y contribuye a generar confianza entre las partes”, afirma el informe. Esta transparencia y confianza permiten, entre otras cosas, dar respaldo al compromiso, generar relaciones con visos de continuidad, como la creación de consorcios en los que participen múltiples partes. En última instancia, potencia el enfoque humano.

“Esto podría considerarse como un «tesoro escondido» en la estructura legal actual”, afirman los participantes en el debate, entre los que hay directivos de grandes corporaciones, pymes de base tecnológica, organizaciones como el World Economic Forum y el Club de Roma y, obviamente, las instituciones europeas.

La clave es que la introducción de Industria 5.0 debería cambiar la naturaleza de la digitalización. Una idea tan sugerente como difícil de llevar a la práctica de forma efectiva y sostenible en el tiempo. En lugar de ver la digitalización principalmente como un medio para aumentar la eficiencia, las empresas impulsadas por la Industria 5.0 deberían aprovecharla como una vía para cumplir su propósito, un objetivo de alcance mucho mayor.

Pasa a ocupar, de ese modo, el centro del escenario el concepto de ‘empresas impulsadas por un propósito’ que pueden esgrimir precisamente ese enfoque diferencial como una ventaja competitiva distintiva. De hecho, en el debate celebrado en Bruselas se dijo que las ‘empresas impulsadas por un propósito’ han resultado ser más resistentes a las interrupciones relacionadas con COVID 19 que las empresas que siguen un modelo de ‘beneficio a toda costa’.

Europa cree que las pymes forman la mayor parte del colectivo de ‘empresas orientadas a un propósito’, especialmente las más innovadoras y dotadas con equipos de fabricación flexibles. Porque se benefician de la experiencia y los conocimientos de sus empleados y abordan la revolución tecnológica con un enfoque centrado en el ser humano, que les permite usar las herramientas digitales, tanto de software como de hardware, para empoderar a sus plantillas.

Pero ese concepto de ‘empresas orientadas a un propósito’ que acompaña a la Industria 5.0 implica transformar la relación con los accionistas, los legisladores y los clientes y catalizar nuevas asociaciones radicales. Todo un desafío. Está claro que ha germinado la visión que decantó el presidente ejecutivo del World Economic Forum, Klaus Schwab, en su artículo de 2020 Now is the time for a ‘great reset’, en el que captó las inquietudes socioeconómicas del momentoy las pasó por el filtro de su propuesta de Stakeholder Capitalism, formulada hace medio siglo ya, una formulación teórica que por fin ha encontrado el terreno adecuado para arraigar.

El éxito de todos estos planteamientos depende, no obstante, de que la Unión Europea se consolide y se convierta en una contraparte institucional a la altura. También sus instituciones tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, y funcionar como una verdadera unión. Los participantes en el debate de Bruselas coincidieron en que la industria 5.0 no se no se podrá lograr “sin las condiciones marco adecuadas garantizadas por las instituciones de gobierno europeas, nacionales y locales”.

Hay que dar coherencia, para empezar, a los incentivos que se pongan en marcha en Europa y hacerlo rápidamente, porque los próximos años serán críticos para establecer un marco político que permita desarrollar una economía y una sociedad sostenibles y resilientes. En ese sentido, hay que reconocer que ahora mismo el contexto geopolítico no es el más conveniente para abordar unas reformas cuyo alcance no tiene precedentes en múltiples áreas.

Los desafíos para los gestores públicos incluyen también garantizar la coherencia de las normas para proporcionar claridad a las empresas, por ejemplo, detallar qué se entiende exactamente por fuentes de energía verde. Junto a ello, dice el informe, “los gobiernos deben lograr un delicado equilibrio entre dirigir las inversiones públicas a emergencias a corto plazo y las inversiones necesarias en el desarrollo de resiliencia a largo plazo”. Y, por último, los gobiernos deberán ser más imaginativos con respecto a los nuevos modelos de propiedad, como los enfoques «pro-consumidor».