¿Quién pagará la renovación de los equipos que el sector público está comprando con fondos europeos?

A estas alturas, puede decirse ya solemnemente que el aluvión de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no ha servido para transformar el modelo productivo de nuestro país, que era el objetivo con el que buena parte de nuestro tejido empresarial más innovador recibió en su día el anuncio de la llegada de 140.000 millones de euros.

No quiero ponerme en la piel de los contribuyentes alemanes y franceses que ven cómo el Gobierno español alardea frente al resto del continente de un crecimiento económico del 2,5% en 2023 y del 3,2% en 2024, mientras pide puntualmente a Bruselas (no con demasiado grado de ejecución hasta ahora, todo hay que decirlo) que le transfiera hasta el último céntimo de los 140.000 millones de un plan inicialmente concebido como de recuperación.

¿Con un crecimiento económico del 3,2%, dónde está la necesidad de esos fondos extraordinarios? ¿Qué hay que recuperar? Eso podrían preguntarse otros países. A Alemania le corresponden 25.600 millones del total de los fondos y a Francia 39.400 millones, y les afeamos que son un lastre para la economía europea esos mismos que reciben seis y cuatro veces menos ayudas que nosotros. Menuda gracia

Uno de los motivos por los que el dinero europeo no ha servido definitivamente para impulsar un cambio de modelo productivo (aunque ha dado, sí, un empujoncito a sectores intensivos en tecnología como el hidrógeno, el espacio o la microelectrónica) es que el propio sector público, en todos los niveles y de todos los colores políticos, se ha colocado en cabeza en la recepción del dinero, como se pone de manifiesto en el último informe de ejecución, un documento que conviene leer con atención.

A 31 de mayo de 2025, se habían asignado, por ejemplo, más de 29.000 millones de euros a las comunidades autónomas para la gestión directa de los fondos en áreas como educación, sanidad, vivienda y empleo. Para los 12 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), en cambio, se habían reservado hasta esa fecha 19.100 millones de euros, un 14% del total.

El sector público está usando ese dinero en su mayoría para lo que definí allá por 2020 como rotondas digitales en todas sus variantes: parches tecnológicos, inversión en energías renovables y una lluvia fina de ayudas para que las pymes modernicen equipos y software. Un modelo productivo se transforma de verdad, en un contexto como el actual, a partir de miles de millones de euros, no dando una media de 10 millones a 30 proyectos de hidrógeno, 100 millones a algoritmos de inspiración cuántica o algo más de 70 para fomentar la industria de lanzadores espaciales, por mucho que esas sean precisamente algunas de las partidas mejor adjudicadas hasta ahora.

Hay, no obstante, una clave más a seguir en el futuro , y tendrá una relevancia enorme. Muchos gestores de la Administración están aprovechando para modernizar sus equipos mediante la compra de equipos avanzados de alto coste. El sector público está usando los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para adquirir, por ejemplo, servidores capaces de asumir cargas de trabajo de nueva generación con inteligencia artificial, dotados de capacidades más evolucionadas que los convencionales.

Dentro de cinco o siete años, cuando expire el periodo de amortización o ciclo de vida de esa infraestructura informática, tendrá que acometer su renovación con sus propios recursos, me dice Álex Bento, director general de Lenovo ISG, una de las empresas que más trabajo tienen gracias a ello. Ya no habrá fondos europeos que paguen la fiesta. Cuando eso suceda, ¿de dónde piensa la Administración sacar el dinero?

Es una pregunta que deben formularse también muchas pymes que están aprovechando la barra libre de subvenciones y préstamos públicos desatada a raíz de los fondos europeos para renovar equipos y software. Será el día que queden obsoletos esos dispositivos y ese software cuando nos lamentemos de no haber aprovechado la oportunidad para cambiar el modelo económico, aumentar la productividad y la competitividad de nuestras empresas.

Ya digo: lee con ojo crítico el informe de ejecución, repleto de trampas en muchos casos casi pueriles. Al presentarlo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mencionó las reformas recientes emprendidas para favorecer la transformación del modelo: la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la nueva reforma fiscal que refuerza la capacidad de financiación del Estado del Bienestar, la publicación del Libro Verde y la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Tal cual. Con estos mimbres, poco se puede hacer. No se ha transformado nuestro tejido productivo, ¿y ahora qué?