Oleada de rectores universitarios públicos reelegidos, ¿de verdad se lo merecen?

En algo más de un año, se han llevado a cabo procesos electorales en buena parte de las universidades públicas españolas. Ha habido excepciones relevantes, como la toma de posesión de Óscar García Suárez como rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en sustitución de Guillermo Cisneros, que había ocupado el puesto durante los últimos ocho años. Teodomiro López fue elegido rector de la Universidad de Málaga, en la Universidad de La Rioja, Juan Carlos Ayala, decidió que no quería continuar y una dimisión marcó el proceso en Salamanca. Pero la tónica general ha sido la repetición en el cargo.

En las universidades de València y Politècnica de València, Murcia, Castilla-La Mancha, Alicante, Oviedo, Complutense de Madrid, Pamplona, Autónoma de Barcelona o Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, se ha optado por la reelección. La pregunta que cabe formularse es si está justificado este inmovilismo que, en el fondo, podría interpretarse como una forma de reconocimiento al trabajo realizado. Podríamos preguntarnos algo así como: ¿tan fabulosamente bien lo están haciendo como para que se consideren en tantos casos merecedores de repetir en el puesto de rector, sin que se planteen alternativas de gestión?

En España está abierto el debate acerca del auge de la universidad privada, que ya prácticamente iguala en número a los 50 campus públicos, ninguno nuevo desde la aprobación de la aprobación de la Politécnica de Cartagena en 1998. Las universidades públicas no dejan de ver cómo se reducen los estudiantes matriculados, un 6% en ocho años, según una información de El País basada en datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, frente a un aumento de alumnos del 56% en el caso de las privadas. Estas últimas copan ya el 24% de las matrículas, 10 puntos más que ocho años antes.

En cualquier sector, esto motivaría una revisión del modelo de gestión, pero asistimos en cambio a una oleada de reelecciones. ¿Sobran universidades públicas? Al parecer no. España tiene un campus con producción investigadora por cada 626.000 habitantes, según los datos de la CRUE. Ese dato es inferior al de siete de los once grandes países de la OCDE: Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido, Polonia, Corea del Sur o Francia.

Nuestros rectores creen que el problema está en la estructura de la oferta de enseñanza universitaria en España. Las universidades públicas tienen un tamaño medio de 26.000 estudiantes, frente a los 10.000 de las privadas. Ellos sabrán si es esa la dolencia a remediar. Hay otros elementos a considerar en esta reflexión. Entre 2012 y 2022, últimos datos actualizados, los ingresos (derechos reconocidos netos) de las universidades públicas españolas crecieron en 2.500 millones de euros, un 27%, hasta los 11.691 millones, según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Si acortamos el plazo a 2014, el año en el que la economía comenzó a resurgir, el incremento es sustancialmente mayor incluso.

Además de la pérdida de atractivo de los campus públicos, otro síntoma de que algo no funciona, al menos desde la perspectiva del tejido productivo, es la caída en el registro de patentes nacionales de la última década y el estancamiento de las extensiones PCT. La propia CRUE dice en uno de sus informes que “Corea, un país de tamaño similar al de España, registró en 2020 3.379 patentes tríadicas (las que se presentan al mismo tiempo en EEUU, UE y Japón), frente a las 301 de España; once veces más”.

Es llamativo que se produzca esta evolución pese a que el personal docente e investigador (PDI) se ha incrementado entre el curso 2015-2016 y el 2022-2023 en 10.600 personas, según datos del Ministerio, hasta alcanzar los 111.678 empleados, un 10% más. Es duro cruzar este dato con el de las patentes, la verdad. En las universidades privadas, se ha pasado en este tiempo de 17.074 componentes del personal PDI a 25.412, con prácticamente el mismo número de campus que el sector público, pero la eficacia en producción de patentes no es mayor, más bien al contrario.

No deja de ser un ejercicio de sinceridad sin contrición que la CRUE asegure que “al contrario de lo que cabría esperar, no se observa un desplazamiento generalizado de la línea de la inversión empresarial en I+D entre un año donde la crisis económica estaba plenamente presente (2014) y otro en el que la recuperación se estaba relanzando (2021)”. Es lo que hay.

De modo que, aun a riesgo de caer en una generalización injusta, de no prestar atención a los matices, de manifestar una falta de sensibilidad alarmante y de ser ajeno a cualquier atisbo de respeto hacia la lucha por la diversidad y la inclusión de nuestras universidades, incluso en un gesto rayano en la intolerancia, muestro mi sorpresa por esta oleada de reelecciones al frente de las universidades públicas.