¿Para qué queremos una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación?

Llevo un tiempo pensando para que queremos leyes de ciencia, Tecnología e Innovación si las políticas públicas de I+D+I están centradas únicamente en Ciencia y Tecnología, y la Innovación se considera como la actividad fácil que se merece menos apoyo. Y creo que es precisamente porque la Leyes de Ciencia, Tecnología e Innovación no están centradas en el uso del conocimiento si no en su generación.

Seguramente porque cuando aparece la oportunidad de revisión, tendemos, de manera casi automática, a preguntarnos qué agentes deben aparecer, cómo debería organizarse la gobernanza, cuánto debería invertirse en I+D o qué instrumentos de financiación tendrían que ponerse en marcha y no nos hacemos la principal pregunta que sería para qué queremos la Ley de Ciencia, Tecnología e innovación. Para mí la respuesta es muy básica: necesitamos esa legislación para tener un marco de actuación que nos impulse a invertir en ciencia, tecnología e innovación.

Invertir en ciencia, por supuesto, pues es la actividad en la que se basa la generación de conocimiento. Pero, también hay que invertir para conseguir que ese conocimiento contribuya a crear empleo, actividad económica, competitividad empresarial y una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

Si estamos de acuerdo con esto, entonces estaremos de acuerdo en que deberíamos plantearnos de otra manera como debería ser una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En mi opinión, una buena ley de Ciencia, Tecnología e Innovación no debería limitarse a organizar o sentar las bases para invertir en la generación de conocimiento únicamente. Debería, además, de preocuparse y establecer los marcos necesarios que permitan invertir en actuaciones que nos ayuden a hacer algo con él después.

Utilizamos indicadores que son imprescindibles para conocer, o al menos tener una aproximación de cuánto invertimos en generación de conocimiento. Calculamos, cuánto invertimos en I+D, tanto desde el lado público como privado, cuántos investigadores tenemos, cuántos proyectos financiamos, cuántas publicaciones producimos, cuántas patentes registramos, pero no utilizamos indicadores que nos permitan saber qué porcentaje de ese conocimiento termina utilizándose y resolviendo un problema real, cuántas tecnologías desarrolladas por un organismo de investigación o tecnológico llegan a una empresa, cuántas superan la fase de validación, cuántas se han acabado industrializando, o cuántas han permitido mejorar un servicio público contribuyendo a mejorar la vida de las personas.

El punto que quiero enfatizar es que hay un largo recorrido entre generar conocimiento y generar innovación, porque generar innovación lleva implícito generar impacto. Y esa diferencia debe ser tenida en cuenta en la elaboración de una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación para que exista el marco sobre el que aplicar políticas y programas que permitan valorizar, transferir y utilizar el conocimiento generado.

Algunas leyes autonómicas, incluso la nacional, utilizan términos como transferencia, colaboración público-privada y hablan de la necesidad de llegar a mercado y de hacer un seguimiento a los resultados, pero no se acentúa la clara diferencia que para mí existe entre generar un resultado, transferirlo y su uso posterior en la industria y su repercusión sobre la economía o la sociedad.

Pienso que uno de los grandes retos de las políticas de innovación está precisamente ahí: hemos aprendido bastante bien a financiar proyectos, pero todavía tenemos mucho margen para mejorar cómo acompañamos lo que sucede después del proyecto. Lo primero es sentar las bases con una ley de ciencia, tecnología e innovación que establezca que el objetivo de la generación de conocimiento es que llegue a utilizarse por el mercado y genere un beneficio para la sociedad.

Creemos que cerrar correctamente un expediente significa haber terminado un proceso de innovación y ni mucho menos. De hecho, en ese momento es cuando empieza otra etapa que supone sacar valor del resultado creado y sí, aunque no se vea así, esas fases posteriores de valorización, transferencia, y uso, también tienen riesgo y muy alto.

Por empezar por algún sitio, si queremos que una inversión pública en I+D termine transformándose en PIB, empleo o bienestar social, necesitamos colocar la valorización y la transferencia mucho más cerca del centro del sistema y considerarlo una actividad estratégica del propio sistema de innovación.

Además, se necesitan definir mecanismos y se necesita contar con el apoyo necesario para hacerlo desde el principio. No podemos desarrollar durante tres años una tecnología y, cuando quedan tres meses para terminar el proyecto, preguntarnos: “Bueno, ¿y ahora a quién puede interesarle esto?”

Valorizar requiere entender el problema que estamos intentando resolver, hablar con potenciales usuarios, comprobar que existe una necesidad, validar la tecnología, conocer el mercado, proteger adecuadamente el conocimiento, estudiar modelos de explotación y acompañar su llegada a condiciones reales de utilización. Eso también debe ser considerado dentro de una Ley de Ciencia Tecnología e Innovación. Y necesita profesionales para llevarlo a cabo.

Por eso creo que una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación moderna y adaptada a un ecosistema de innovación transformador y que actúe de palanca a otras políticas más allá de las propias de innovación, debería reconocer y profesionalizar las carreras vinculadas a la valorización, transferencia e impacto, igual que llevamos años trabajando sobre la carrera investigadora que actúa principalmente sobre la generación de conocimiento. Necesitamos científicos, necesitamos tecnólogos, pero también necesitamos personas capaces de construir puentes entre ciencia, tecnología, empresa, administración y sociedad.

Solo cuando una ley de ciencia, tecnología e innovación considere el uso del conocimiento y no su generación como el eje troncal del ecosistema, podremos empezar a hablar de tomarnos en serio el problema de la transferencia tecnológica del que todo el mundo habla.