Los 70.000 millones que lo pueden cambiar todo

A última hora del miércoles 3 de junio, la Comisión Europea hacía público uno de los documentos con más potencial carga transformadora de la economía de los últimos años: su “Propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo de un marco de medidas para reforzar el ecosistema de semiconductores de la Unión, por el que se deroga el Reglamento (UE) 2023/1781 (Ley de Chips 2.0)”. Nos gusta llamarla simplemente Chips Act 2.0. 

Al día siguiente, intervenían en el Valencia Silicon Forum, ante una potente representación de directivos del sector de los semiconductores europeo y norteamericano, dos de los protagonistas del texto. El programa del evento había asignado al primero de ellos, Arian Zwegers, subdirector de la unidad Microelectrónica y Fotónica de la Comisión Europea, 15 minutos para avanzar algunos detalles del nuevo documento. Su turno de palabra se extendió tres veces más. El clima era de cierta euforia.

En la cena networking, puedo dar la enhorabuena personalmente a María Marced, expresidenta de TSMC y urdidora de un acuerdo en el que han participado, por el lado privado, compañías y asociaciones como Bosch, NXP Semiconductors, X-FAB, Siltronic, Valeo, Thales, Nokia, GlobalFoundries, ASML, SiPearl, SEMI, KDPOF, OpenChip y el Barcelona SuperComputing Center. Atrévete a torear a esos morlacos.

Tampoco ha sido fácil gestionar la realidad local en España, pese al fenómeno excepcional de que una voz de nuestro país liderara el debate europeo sobre un asunto tan relevante como la Chips Act 2.0. María Marced se ha apoyado en Las Guerreras, el nombre de grupo de Whatsapp que comparte con Mayte Bacete (directora general de MaxLinear y presidenta del Valencia Silicon Cluster) y Empar Martínez, directora general de la patronal del metal valenciana Femeval. Junto a ellas, un colaborador de Atlas Tecnológico incombustible, Carlos González Triviño.

Pregunto a María Marced cuál es la clave de la Chips Act 2.0 y, para responderme, recupera mentalmente la parte más destacada de su intervención matinal en el Valencia Silicon Forum (“pensé que tenía que rehacer entera mi keynote al ver que la Comisión publicaba el texto la noche anterior”, me confiesa). Según ella, la aportación fundamental, a partir de la cual se puede construir una visión nueva de Europa, se puede resumir en este párrafo:

“La Ley de Chips original se centraba principalmente en la oferta, pero la Ley de Chips 2.0 otorga mayor importancia a las medidas del lado de la demanda. Ambas dimensiones se refuerzan mutuamente: fomentar una demanda local sólida contribuye a fortalecer la oferta local de semiconductores. De este modo, la expansión combinada de la demanda y la oferta contribuye a una mayor resiliencia industrial, cadenas de suministro más cortas y seguras, una mayor autonomía estratégica y una mejor alineación entre la capacidad de producción europea y las necesidades de las industrias clave”.

Y me da el dato: “70 billion”. “¿70 millones?” “No, 70.000 millones de euros”. “¿Para qué?”, le pregunto. “Para incentivar la demanda industrial de semiconductores”. No me canso de repetirlo: de los 200 millones de obleas que vende TSMC en Europa, sólo 200 recalan en España. Sin masa crítica e infraestructuras, no hay política de impulso de la producción de semiconductores avanzados que valga. Pero, sobre todo, para crear demanda hay que transformar sectores enteros y hay que acompañar a las pymes en una reconversión histórica.

Los semiconductores son la tercera materia prima más comercializada del mundo, después del petróleo y los vehículos, nos dice el texto de la propuesta de la Chips Act 2.0, con ingresos globales que alcanzaron los 700.900 millones de dólares en 2025. Se prevé que el mercado supere el billón de dólares en 2026 y que crezca hasta alcanzar los 1,6 billones de dólares en 2030. “Como proveedor fundamental y facilitador de prácticamente todas las industrias modernas y de la infraestructura que las sustenta, el sector de los semiconductores se ha convertido en un recurso estratégico”, añade.

La Ley de Chips 2.0 se marca, en primer lugar, el objetivo de “aumentar la competitividad de la cadena de valor europea de semiconductores para mejorar su soberanía tecnológica y resiliencia”. Esto implica acelerar el despliegue industrial de la investigación y la innovación, garantizar la seguridad del suministro y reducir las dependencias estratégicas en tecnologías de semiconductores de vanguardia y maduras.

El segundo objetivo es “mejorar la preparación ante crisis para garantizar la seguridad del suministro de la UE”. Para ello propone “optimizar el funcionamiento del mercado interior mediante el fortalecimiento de la preparación ante crisis y la creación de un marco jurídico uniforme que proteja la seguridad económica de la Unión y aumente su carácter indispensable, su resiliencia y su prosperidad en el ámbito de las tecnologías de semiconductores”.

La Ley de Chips 2.0 hace hincapié también en “la industrialización más rápida de las líneas piloto, transformando las instalaciones de fabricación piloto exitosas en capacidades de fabricación comercialmente viables”. Asimismo, y eso interesa mucho a España, incorpora “la fotónica y los circuitos integrados fotónicos a la Iniciativa Chips for Europe 2.0 reforzada, ya que son tecnologías clave para una amplia gama de sectores estratégicos, como las telecomunicaciones, los centros de datos, la IA, la sanidad, la automoción y la computación cuántica”.

Algún destacado asistente a los discursos matinales me anima a valorar también el enfoque regional de la nueva ley. Su visión de que la estrategia debe apoyarse en la iniciativa de los clústeres territoriales que vienen trabajando casi se diría que en la sombra durante las tres últimas décadas. Bendita novedad. El dato de la esperanza ya está sobre la mesa: 70.000 millones de euros que lo pueden cambiar todo.