Más allá de cuantificar recursos, el trabajo clasifica cada instrumento según la fase del proceso de transferencia en la que actúa, el tipo de beneficiario, el problema que pretende resolver y su orientación hacia la oferta o la demanda de conocimiento.

Un sistema “bicéfalo”

Una de las principales conclusiones del informe es que España ha desarrollado un modelo claramente diferenciado entre el nivel estatal y el autonómico. El Estado concentra la mayor parte del presupuesto y orienta sus instrumentos hacia las fases iniciales del proceso de transferencia, sobre todo la generación y maduración del conocimiento. Por su parte, las comunidades autónomas desempeñan un papel mucho más cercano al tejido productivo y asumen un mayor protagonismo en la adopción tecnológica, la articulación de las redes y la conexión con los agentes locales.

En el estudio se describe esta configuración como un sistema “bicéfalo”: presupuestariamente estatal, pero operativamente regional. De esta manera, existe una destacada asimetría entre niveles. El nivel regional concentra seis veces más instrumentos, pero moviliza alrededor de un 40% menos de presupuesto. Cada instrumento estatal moviliza, de media, 58,1 millones de euros, frente a los 5,4 millones de los instrumentos autonómicos, una diferencia de un orden de magnitud.

También se pone de manifiesto una notable concentración de los recursos destinados a transferencia. Las cinco comunidades autónomas con mayor presupuesto —Andalucía, Cataluña, País Vasco, Comunitat Valenciana y Galicia— reúnen el 81,3% del presupuesto regional destinado a transferencia, mientras que las trece restantes comparten sólo el 18,7%. El coeficiente de Gini calculado, una medida estadística diseñada para representar la desigualdad de riqueza entre los habitantes de una región, alcanza un valor de 0,659, indicativo de una distribución muy desigual de los recursos.

Reparto de financiación

Otra de las conclusiones más relevantes afecta al reparto funcional de la financiación. Aunque las comunidades autónomas destinan un elevado número de instrumentos a la articulación de redes y la adopción tecnológica, tanto el nivel estatal como el autonómico concentran cerca del 90% del presupuesto en las fases de generación y maduración del conocimiento.

En cambio, las etapas más próximas a la llegada efectiva de la innovación al mercado —la adopción tecnológica y la articulación del ecosistema— reciben en conjunto apenas un 10% de los recursos disponibles. Según se explica, se debe a que las fases iniciales requieren mayores inversiones; sin embargo, abre la puerta a un debate sobre si el sistema está reforzando suficientemente el tramo que conecta la investigación con su aplicación empresarial y social.

En España, los actores intermediarios —centros tecnológicos, oficinas de transferencia, clústeres o agencias de innovación— obtienen el 6,9% del presupuesto de transferencia. Su financiación presenta una fuerte asimetría territorial: mientras las comunidades autónomas concentran la mayor parte del apoyo a estos agentes, el Estado actúa, sobre todo, mediante instrumentos competitivos como las Ayudas Cervera, o iniciativas de coordinación suprarregional como el Plan Complementario de Transferencia.

El papel de la Administración General del Estado, según se establece, debería orientarse cada vez más a conectar capacidades dispersas y favorecer la colaboración entre regiones. Desde esta perspectiva, el objetivo debería ser reforzar los mecanismos que permitan aprovechar la especialización existente, en lugar de centrarse en homogeneizar las políticas de transferencia. El documento cita ejemplos de coordinación como el programa gallego Rescate NEOTEC o la colaboración entre el Gobierno de Canarias y el CDTI para el desarrollo de un programa Venture Builder, iniciativas que ilustran cómo la cooperación entre administraciones puede aumentar la eficacia de los instrumentos sin necesidad de incrementar el presupuesto.