Costes sociales e innovación, crónica de un ejercicio de procrastinación colectiva

Esta semana he podido conversar con el CEO mundial de Thyssenkrupp, el hispano-alemán Miguel Ángel López. A propósito de la competitividad de la industria, ha puesto sobre la mesa el asunto de los costes sociales. “El futuro de Europa se juega totalmente en la industria y está muy claro que tiene que inventarse de nuevo”, me dice, “especialmente en Alemania tenemos unos gastos sociales enormes”.

Se destina a ello “más de la mitad del presupuesto público” de ese país, que sigue siendo la locomotora de Europa. “Es una situación insostenible a largo plazo, se sabe ya desde hace muchos años, pero nunca se ha tomado ninguna acción”, continúa Miguel Ángel López. Y remata: “todos estamos a favor del sistema social, pero también a favor de competitividad, porque si no hay competitividad no hay puestos de trabajo”.

Históricamente, se han buscado formas de vincular el grado de protección social que proporciona Europa con la solidez de su tejido empresarial y, sobre todo, con su innovación. Más allá del componente humanista y de justicia social que hay detrás del mecanismo, unas veces se esgrime como activador y otras como freno de la competitividad. Es el vaso medio lleno o medio vacío: ¿un incentivo para el talento, que se siente protegido y libre; o una anestesia que adormece la disrupción ligada al riesgo?

Mientras resolvemos esta duda existencial, la velocidad de la transformación de la oferta digital (que no de la implementación) en el mercado, sigue ampliando las brechas a nivel global: entre pymes y grandes corporaciones, y entre el mundo con internet y los 2.000 millones de personas que todavía viven ajenas a él, cada vez más distantes.

Coincidían las palabras de Miguel Ángel López casi en el tiempo con la publicación de un artículo del editor gerente de Works in Progress, Pieter Garicano, quien también cree que las empresas punteras de Europa están quedando muy por detrás de la frontera estadounidense debido a las restrictivas leyes laborales.

En los casos en los que resulta caro despedir a personas (el artículo incluye un gráfico, sobre los meses de indemnización en caso de despido, que muestra otra brecha descomunal: los 62 de España frente a los sólo 3 de… ¡Suiza y Dinamarca!), las empresas acaban evitando crear empleos vinculados a la innovación, que implica experimentación y riesgo. Prefieren concentrarse en actividades seguras e invariables.

Ángel Alba, CEO y fundador de Innolandia, apostilla en mi post de LinkedIn al respecto que “los empleos de innovación no pagan las nóminas de hoy, con lo su valor inmediato no se ve y el retorno de la inversión a medio plazo es muy incierto. En tiempos de máxima incertidumbre se mira mucho más el corto plazo y se frenan este tipo de inversiones en intangibles”.

En España se trabaja, se innova y se vive bien siempre sea con sueldos de Alemania, Reino Unido o Estados Unidos. Pero el llamado home-country based approach, el modelo habitual de las grandes corporaciones para incentivar el desplazamiento de personal a nuestro país manteniendo las condiciones del lugar de origen, está ahora en declive. El hueco que deja está aflorando la realidad que hay detrás, entre otras cosas, de crisis como la de la vivienda: los sueldos no subirán en España por decreto, sino cuando cambie su modelo productivo hacia otro de más valor añadido.

Suena crudo decirlo, pero no podemos esperar altos sueldos si apostamos por el turismo, el retail y el ocio. Sin tecnología, sólo queda la subida del salario mínimo por decreto. Ese invento llamado Pertes, con el que convencimos a la Unión Europea de que nos inyectara 140.000 millones de euros (aunque serán en torno a un tercio de esa cantidad), afronta sus últimos estertores sin haber propiciado un cambio de modelo productivo. Ahora se puede decir sin duda.

“La calidad de vida aquí es inmejorable, pero vivir en España con sueldo de España, eso sí que no”, decía en privado una directiva alemana recientemente, víctima del cambio de actitud de su corporación respecto a los expatriados y lista para hacer las maletas de vuelta a su país.

El Régimen Especial para Trabajadores Desplazados a España, regulado en el artículo 93 de la Ley del IRPF, permite tributar bajo un sistema más ventajoso a aquellos profesionales transferidos por una empresa extranjera o que prestan a distancia la actividad laboral mediante el uso de sistemas informáticos, telemáticos, o de telecomunicación, los conocidos como nómadas digitales.

Una parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona encargó hace unos meses una campaña para concienciar a sus habitantes de lo interesante que es atraer a profesionales cualificados y con alto poder adquisitivo a la ciudad. Querían frenar el creciente descontento por el impacto que los nómadas digitales y los expatriados en la subida de los alquileres y el precio de la vivienda de la ciudad. La otra parte de ese mismo equipo de gobierno tumbó la iniciativa de inmediato.

Esconder la cabeza como un avestruz no funciona, no podemos pretender que los problemas se solucionen solos. Sin competitividad, sin innovación, a unos les parecen desproporcionados los costes sociales y a otros les chirrían los sueldos de los profesionales de las empresas situadas en los sectores de alto valor, esos que impiden que nuestros hijos no puedan pagarse una vivienda porque sus sueldos son españoles, de empresas españolas.

El problema de fondo en ambos casos es el mismo: apostar por el cambio de modelo productivo no es un capricho, es una urgencia social. Y si no lo abordamos con las herramientas del siglo XXI, sin el peso ideológico de décadas de relato (de un lado y del otro), que en el fondo ha escondido un descomunal ejercicio de procrastinación colectiva, seguiremos dilatando la solución.