La exhausta llama encendida de los Perte

La Comisión Europea daba luz verde en junio de 2021 al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español y un mes después se aprobaba el primer PERTE, el del Vehículo Eléctrico y Conectado. Pero la intervención reciente del jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE, Luis Socías, durante la presentación de la iniciativa EcoFood 2023, era un esforzado alegato para evitar la “frustración en el tejido empresarial”, para que “no se apague la llama”… ¡casi un año y medio después! Ya tiene que ser fuerte el amor.

Es probable que los que perseveren encuentren antes o después sentido a estas llamadas a creer en que lo que tenemos por delante es “una oportunidad como nunca”, en palabras del propio Socías. Pero el camino no es sencillo. Más allá del diseño del modelo de ayudas, fundamentalmente basadas en proyectos en el caso de los fondos Next Generation, la iniciativa ha puesto al descubierto una realidad preocupante: para el 99% de las empresas, la única relación que mantienen con la Administración consiste en pagar impuestos, según la propia CEOE.

Ya en los albores del Plan de Recuperación, analistas, consultoras y despachos advertían de que sería necesario poner fin a algunas inercias del sector público, quizás el mayor problema hoy en día para hacer efectivas las ayudas. Así es.

Por ejemplo, el Ministerio de Industria estableció que los proyectos que se presentasen a las Manifestaciones de Interés fuesen cooperativos, es decir, contasen con una empresa líder y al menos cinco acompañantes, con la condición de que el 40% del total fueran pymes. Pero pymes y autónomos no pueden asumir requisitos asociados a estas agrupaciones como la responsabilidad solidaria, que establece que todos los participantes “tendrán de manera conjunta la consideración de beneficiarios de la subvención, y serán responsables solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas”.

Tampoco pueden afrontar las pymes, en muchos casos, los requerimientos de garantía. En el caso del PERTE VEC, para la adjudicación de proyectos se exige un 100% de garantía de los fondos que se van a percibir o un 20% en el caso de los préstamos. La relación de las pymes con el sistema bancario, cuando de lo que se trata es de hablar de innovación y de proyectos tecnológicos, es una película de terror de Guillermo del Toro cuanto menos. Y no hablemos de sentarse con otro tipo de inversores. En el evento de presentación de EcoFood 2023, una iniciativa en la que participan como consultoras PONS IP y AVS, se habló de intentar rebajar las garantías al 50% para subvenciones y al 10% para préstamos, y ni siquiera en todos los casos, sino teniendo en consideración el importe.

Y algo que suena a broma macabra: el importe mínimo financiable de los proyectos tractores es de 15 millones de euros. Muchos emprendedores de base tecnológica necesitan bastante menos para cambiar el mundo, pero hay que dárselo.