Hackers ‘malos’ y okupas obvian el papel del Estado

Uno de los principios sobre los que se basa el Estado moderno es el de que, en caso de conflicto de derechos, nadie puede  tomarse la justicia por su mano. Tampoco la justicia social. Es el Estado, con su separación de poderes y su sistema de garantías democráticas, el que debe actuar como árbitro para asegurar la igualdad, la libertad y la fraternidad. Este modelo protege a los débiles frente a los que disponen de más fuerza, y ayuda a visualizar dónde se deben resolver los problemas: en caso de necesidad, de vulnerabilidad, es al Estado al que hay que exigir que cumpla su función y proporcione medios necesarios.

Admitir un modelo de convivencia en el que cualquiera se pueda tomar la justicia social por su mano, por más legítima que esta resulte en algún caso, es jugar a la ruleta rusa. Quizás sirva para que la propia sociedad redistribuya sus recursos espontáneamente de forma igualitaria, como parecen creer firmemente algunos. De hecho, hay algunos ejemplos incuestionables de convivencia y contribución social a la cultura de barrio levantados sobre una okupación. Negarlo es quedarse sólo con una parte de la realidad.

Pero también puede acabar conduciéndonos a esas fórmulas de darwinismo social que pretendía evitar precisamente la modernidad. Hay muchos ejemplos también de personas a las que se les está obligando a suplir una función que es del sector público y costear, además del pago de sus impuestos, la asistencia de quienes deciden unilateralmente que es de justicia social instalarse en su propiedad. No parece buena idea retirarle al Estado la iniciativa en este caso.

El fenómeno de cierto modelo de okupación se asemeja a muchas de las dinámicas que está produciendo la revolución digital, ajenas al control regulatorio de los Estados, que actúan siempre a posteriori, con efectos en el bolsillo de muchos ciudadanos y en las cuentas de resultados de una enorme cantidad de empresas. “Esto es el Lejano Oeste”, dicen los profesionales de la ciberseguridad. Ni siquiera se puede atribuir la autoría de los ataques, se crean sistemas financieros paralelos, se saltan los muros de custodia de la propiedad intelectual e industrial, se articulan sofisticadas estrategias de desinformación y manipulación…

Las sociedades occidentales se basan en la libertad de mercado, la propiedad privada, el Estado de Derecho y el desarrollo social y medioambientalmente sostenible. No parece que nos haya ido muy mal adoptando esos principios. Nada es absoluto, y para eso está precisamente el Estado, para arbitrar. Pero muchas de esas ideas no se respetan en el ámbito de la okupación, ni en el de los ciberataques, ni en otros vectores de cambio que están configurando nuestra convivencia contemporánea.

Venimos advirtiendo desde hace tiempo que la propia continuidad de la democracia es uno de los grandes asuntos del momento. Durante más de cinco años consecutivos el número de países que evolucionan hacia regímenes autoritarios ha superado al de los que lo hacen hacia la democracia, según IDEA International y Freedom House. Tras su Cumbre para la Democracia, celebrada en diciembre de 2021, la Casa Blanca lanzó tres ‘Grandes Desafíos Internacionales sobre Tecnologías para Afirmar la Democracia’, y en la Conferencia por el Futuro de Europa organizada por la Comisión ese mismo año el tema ‘Democracia europea’ fue el que registró el mayor número de contribuciones. La luz de la Ilustración se está quedando sin batería, escribí en 2021.