Formación tech para políticos
Una de las asignaturas pendientes de España sigue siendo la diplomacia científica, es difícil para nuestros representantes en foros internacionales, ni siquiera europeos, recibir aportaciones del Gobierno que marquen una estrategia y proporcionen criterio, según el autor, que advierte de que los éxitos que vamos a cosechar gracias a los fondos europeos no deben desviar el foco: nuestros políticos necesitan entender la revolución tecnológica
La Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, conocida como Oficina C, en la que participa la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), presentaba hace unos días cuatro informes “de evidencia científica y tecnológica” sobre los siguientes asuntos: “Avances en el tratamiento contra el cáncer”, “Hidrógeno verde como combustible”, “Ciberseguridad” e “Inteligencia Artificial y salud”.
La Fecyt ha implicado en su elaboración a un grupo de expertos indendientes, y la Oficina C confeccionó en su honor un programa de “emparejamiento de personal investigador y parlamentario”, llamado cómo no Semana C. Cabía esperar que de esa intersección, de ese cruce de caminos, de ese solapamiento de esferas entre el mundo de la investigación y el de la política, surgiera una chispa de enamoramiento. Pero no. Vaya decepción. Los expertos independientes, en realidad, han salido del Congreso más preocupados de lo que entraron, según he podido comprobar de primera mano.
En España hay políticos que llaman a recibir formación a los jueces, ese es el nivel, mientras en Europa se deciden asuntos de primera magnitud relacionados con los cambios normativos o las estrategias de inversión, para responder al impacto de la revolución tecnológica, sin que haya responsables políticos (no del área técnica), capaces de formarse un criterio y trasladarlo a nuestros representantes en los foros correspondientes. “Pregunté al Ministerio cuál era la estrategia de país antes de ir a la reunión y me dijeron: lo que tú decidas estará bien”. Exactamente así.
Mientras la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial se disputan la supervisión de la directiva de servicios digitales (DSA), España sigue sin contar con una estrategia de lo que se conoce como diplomacia científica. Con un Ministerio de Asuntos Exteriores superado por debates tecnológicos de los que no entiende, sin criterio, los países que sí disponen de ella pelean por puestos y medidas imponen su voluntad una y otra vez en foros internacionales, en beneficio de sus corporaciones.
En unos días conoceremos el anuncio de la llegada de una inversión seria, de verdad, en materia de semiconductores, que suavizará el patinazo que supuso anunciar una foundry al estilo Taiwán en España. Es más que previsible que esa fantástica noticia sirva para seguir enmascarando la realidad de que vivimos de prestado, con una capacidad de apoyo a la inversión tecnológica que no generamos por nosotros mismos, sino que nos viene dada por los fondos europeos. Ese espejismo de sex appeal tecnológico probablemente contribuya a perpetuar la sensación en nuestros parlamentarios y responsables políticos de que las cosas se consiguen sin necesidad de formarse y de saber (hay un partido que sí parece haberse tomado en serio la tarea de enseñar de tecnología a sus representantes, no diré cuál esto no va de publicidad gratuita). Vana ilusión.