Nos acecha el populismo tecnológico

El populismo tecnológico promete transformar un país con la misma facilidad con la que se cambia el título de una convocatoria. Basta con identificar una tecnología, convertirla en prioridad y anunciar que alrededor de ella construiremos nuestra próxima prosperidad. Después llegan los presupuestos, las estructuras y los intermediarios. La transformación de las empresas queda para más adelante.

Todo populismo tiene beneficiarios. En el tecnológico, conviene preguntarse quién gana con cada promesa y quién acaba asumiendo sus consecuencias. También, quién se encargará de comprobar si lo anunciado ha servido para algo. La falta de conocimiento facilita el trabajo a quienes presentan como inevitable lo que responde, en buena medida, a sus propios intereses.

Los ciudadanos somos vulnerables a esos discursos, igual que los responsables públicos. Nadie puede conocer en profundidad todas las tecnologías sobre las que debe tomar decisiones. El problema aparece cuando esa limitación coincide con la urgencia política por anunciar resultados y con la habilidad de algunos para acercar el ascua a su sardina.

El próximo ciclo electoral traerá relevos en las administraciones. Llegarán personas con voluntad de mejorar las cosas, necesidad de formar equipos y poco tiempo para distinguir una oportunidad industrial de una presentación convincente. El populismo tecnológico encontrará ahí una nueva ocasión para prosperar.

Ya hemos vivido situaciones que deberían servirnos de aprendizaje. El PERTE Chip nació en 2022 con una previsión inicial de inversión pública de 12.250 millones de euros hasta 2027 y la ambición de desarrollar capacidades de diseño y fabricación de semiconductores. Una apuesta de semejante dimensión exigía explicar con precisión desde dónde partíamos y hasta dónde podíamos llegar. [1]

En el número 25 de Atlas Tech Review, Eugenio Mallol publicó en su sección ‘Algoritmia y Violín’ una columna titulada ‘Sabían que no era posible la foundry’. Recogía las declaraciones de María Marced, expresidenta de TSMC Europa, sobre la ausencia de condiciones para instalar una gran fábrica de chips en España y las ponía en relación con las expectativas generadas por Pedro Sánchez. La distancia entre aquella promesa y las capacidades disponibles ya estaba sobre la mesa. [2]

España tiene conocimiento, empresas y oportunidades en microelectrónica y fotónica. Precisamente por eso necesitaba una estrategia construida sobre sus fortalezas, con prioridades y plazos creíbles. El atractivo de una gran fábrica podía terminar eclipsando capacidades menos vistosas, pero con mejores perspectivas de desarrollo.

La preocupación por el destino de los fondos venía de antes. En ‘La exhausta llama encendida de los Perte’, publicado en Atlas en octubre de 2022, Eugenio Mallol advertía de los obstáculos regulatorios que dificultaban el acceso de las pymes a las ayudas. La cuestión de fondo era cómo conseguir que esos recursos contribuyeran a transformar nuestro modelo productivo. [3]

Después, la defensa adquirió un protagonismo creciente. El plan presentado por el Gobierno en abril de 2025 contemplaba 10.471 millones de euros adicionales y proponía impulsar una nueva ola de innovación y reindustrialización alrededor de tecnologías de doble uso. [4] La seguridad necesita inversión y España cuenta con empresas capaces de aportar mucho en ese ámbito. La cuestión está en cómo trasladar esa apuesta al conjunto de nuestro tejido productivo. Un presupuesto, por grande que sea, necesita una estrategia industrial que le dé sentido.

Desde Atlas Tecnológico vemos cada día lo que sucede en las empresas cuando la conversación abandona los grandes anuncios.

Una empresa agroalimentaria quiere automatizar una operación que limita su producción. Una compañía química necesita reducir desviaciones para mejorar la calidad. Un operador logístico busca aprovechar mejor sus instalaciones y una empresa de distribución necesita anticipar la demanda para gestionar sus recursos.

Sus necesidades tienen que ver con la robotización, la trazabilidad, la visión artificial, el mantenimiento predictivo y preventivo o la integración de datos. Buscan soluciones suficientemente validadas, proveedores solventes y un riesgo tecnológico que puedan asumir. Necesitan saber cuánto van a invertir, qué mejoras pueden esperar y en qué plazo recuperarán el dinero.

En esas decisiones se juega buena parte de nuestra competitividad. Cada parada que se evita, cada defecto que se detecta a tiempo y cada proceso que se organiza mejor ayuda a una empresa a producir con mayor eficiencia y defender su posición en el mercado. Tenemos por delante una transformación enorme en industrias que llevan años demostrando su capacidad para competir.

La investigación de frontera también merece apoyo. Àurea Rodríguez explicaba en Atlas, en ‘La tecnología que inventa nuevas tecnologías’, cómo la inteligencia artificial puede acelerar el descubrimiento científico y el desarrollo de materiales. Ese potencial abre oportunidades extraordinarias, aunque aprovecharlas requiere conocimiento, continuidad y capacidad para llevar los avances hasta su aplicación. [5]

Una política industrial madura debe atender ambos horizontes. Necesitamos desarrollar capacidades que nos permitan competir en el futuro y conseguir que las empresas incorporen las tecnologías que ya pueden mejorar su productividad. Cada propósito exige instrumentos y plazos propios, además de criterios de evaluación acordes con lo que se pretende conseguir.

El populismo tecnológico difumina esas diferencias. Aprovecha la urgencia por modernizar la industria para justificar cualquier apuesta que lleve la etiqueta de la tecnología de moda. En ese escenario, aprender a interpretar una convocatoria puede resultar más rentable que entender el problema de un cliente.

Me preocupa que algunas estructuras acaben viviendo casi exclusivamente de las ayudas públicas. Cuando cambia la convocatoria, buscan la manera de adaptar su discurso para seguir recibiendo financiación. Al final, parece que lo importante es conseguir la siguiente subvención y no tanto demostrar que el trabajo realizado sirve para mejorar las empresas.

Ese incentivo puede sobrevivir perfectamente a un cambio de Gobierno. A quienes han aprendido a desenvolverse en ese entorno les importa relativamente poco que gobierne la izquierda o la derecha, pues siempre aparecerá una nueva estrategia a la que sumarse.

Las asociaciones, los clústeres y los organismos intermedios cumplen una función valiosa cuando conectan capacidades, representan las necesidades de las empresas y facilitan proyectos. Precisamente por eso debemos pedirles resultados acordes con los recursos que reciben. La acumulación de entidades, jornadas y logotipos ofrece una imagen de actividad que por sí sola dice muy poco sobre la evolución de una industria.

La interlocución empresarial es necesaria. El propio Eugenio Mallol reconoció en Forbes el papel de AMETIC, bajo la presidencia de Pedro Mier, en la orientación del Plan de Recuperación y valoró su intervención ante Pedro Sánchez durante la presentación del PERTE del vehículo eléctrico. Escuchar a representantes solventes puede ayudar a mejorar las decisiones públicas. [6]

Por eso merece atención su advertencia posterior en ‘Nuestra industria se vende, no se defiende’, donde señalaba la pérdida de presencia industrial en los Encuentros de AMETIC. Una política de transformación necesita escuchar a quienes deben incorporar la tecnología a sus procesos, comprometer capital y responder por los resultados. [7]

Irene Hompanera, directora de Valorización y Transferencia de Tecnología de CARTIF, planteaba recientemente en Atlas una pregunta pertinente en su artículo ‘¿Para qué queremos una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación?’. Reclamaba situar el uso del conocimiento y su impacto en el centro del sistema. Financiar un proyecto y cerrar correctamente su expediente es apenas una parte del trabajo. Después llega la tarea, mucho más exigente, de conseguir que sus resultados encuentren aplicación. [8]

Ahí debería concentrarse una parte mucho mayor de la evaluación pública. Interesa saber qué empresas han incorporado nuevas capacidades, cuánto ha mejorado su productividad y qué soluciones siguen funcionando cuando termina la ayuda. También qué inversión privada ha tenido continuidad y cuánto conocimiento ha conseguido llegar al mercado.

La próxima Administración General del Estado debería entrar en más fábricas antes de diseñar sus grandes programas. Sentarse con responsables de producción, mantenimiento, calidad y operaciones para entender por qué una inversión necesaria sigue aplazándose y qué obstáculos encuentra una empresa cuando intenta incorporar una solución que ya está disponible.

España puede desarrollar nuevas capacidades tecnológicas y aprovechar mucho mejor las que ya tiene. Necesitamos ambición, aunque también prioridades, continuidad y rendición de cuentas. Tenemos mucho trabajo pendiente en empresas que sostienen empleo y compiten cada día en mercados exigentes.

El populismo tecnológico vuelve a acecharnos. Encontrará oportunidades en cada relevo institucional y en cada presupuesto anunciado. Incluso un Gobierno que llegue con buenas intenciones puede acabar tomando decisiones equivocadas si escucha a quienes tienen más interés en orientar las ayudas que en transformar la industria.

Antes de financiar la siguiente gran promesa, convendría visitar una fábrica y preguntar a quienes trabajan allí qué necesitan.