La UE intenta afinar su Ley de Economía Circular entre presiones de la industria y exigencias ambientales

La Unión Europea se adentra en una fase decisiva para definir el rumbo de la transición circular. La futura Ley de Economía Circular (CEA), cuyo debate regulatorio ya está en marcha y que Bruselas aspira a aprobar antes de finales de 2026, se ha convertido en el eje de un intenso diálogo entre instituciones, industria y organizaciones sociales. El objetivo es ambicioso: duplicar la tasa de uso de materiales secundarios hasta el 24% en 2030 y construir un marco homogéneo que permita reducir residuos, reforzar la competitividad y disminuir la dependencia exterior. En su diseño, la CEA parte de dos pilares: un conjunto de medidas enfocadas a impulsar la reutilización y el reciclaje en las cadenas de valor, y un bloque transversal dedicado a simplificar normas y eliminar obstáculos que hoy frenan el movimiento de materiales reciclables dentro del mercado europeo.

El Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic) defiende que la CEA puede convertirse en la pieza central del Clean Industrial Deal europeo y un motor para escalar soluciones circulares en sectores como automoción, construcción o electrónica. Sin embargo, advierte de que el sector químico afronta barreras regulatorias y financieras que limitan la implantación de proyectos. Reclama un marco coherente, políticas favorables a la inversión y un mercado único de materias secundarias que armonice criterios de subproductos y fin de condición de residuo. “Circularidad y competitividad deben avanzar juntas”, resume la patronal, que pide reforzar la demanda mediante contratación pública verde y ampliar la oferta favoreciendo diversos tipos de materias circulares.

La Cámara de Comercio de España, por su parte, se mueve en la misma dirección. Considera que la CEA es un instrumento clave para una Europa neutra en carbono y más competitiva, aunque insiste en que, sin aplicabilidad práctica, las metas quedarán en papel mojado. Propone simplificar cargas administrativas, armonizar definiciones y reconocer jurídicamente las materias secundarias como recursos industriales. También plantea digitalizar la trazabilidad mediante registros comunes o blockchain, impulsar centros de reciclaje, establecer sandboxes regulatorios y articular incentivos fiscales que permitan a las pymes y a la industria invertir en tecnologías circulares sin asumir un coste desproporcionado.

Para el sector del transporte, las oportunidades también están claras. Transport & Environment (T&E) reclama que la CEA actúe como palanca para desarrollar con fuerza la industria europea del reciclaje en áreas estratégicas como baterías, aluminio y acero. La organización alerta de que la capacidad actual es muy inferior a la necesaria y que muchos proyectos están en riesgo. Propone objetivos de contenido reciclado asociados a criterios de abastecimiento europeo, reglas más claras para la clasificación de materiales y restricciones a la exportación de residuos valiosos que hoy salen del continente sin aprovechar su potencial.

Las expectativas y los temores se han plasmado recientemente en la conferencia “Circularity in practice”, celebrada en Milán. Allí, Aurel Ciobanu-Dordea, director de Economía Circular en la Comisión Europea, ha recalcado que el reto principal es mejorar la rentabilidad de la circularidad para empresas y consumidores, algo que requiere señales de mercado sólidas y un marco estable. La Comisión observa que la economía circular sigue sin estar valorada en los precios y pide reforzar el mercado interior para que el reciclaje compita con materiales primarios a coste razonable.

En paralelo, la revisión del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS) abre un debate sensible: la posible incorporación de actividades de gestión de residuos. Mette Quinn, responsable del ETS en la Comisión, subraya que cualquier avance debe analizar impactos en el mercado, riesgos de desvío hacia vertederos y coherencia con la jerarquía de residuos. Advierte de que las medidas complementarias serán esenciales para evitar efectos no deseados.

Desde el sector, las demandas son claras. Roberto Tasca, presidente de A2A, defiende que la transición circular necesita estabilidad regulatoria para movilizar inversión a gran escala. Italia, líder europeo en reciclaje, aspira a reforzar su posición, aunque Chicco Testa, presidente de Assoambiente, advierte de que el liderazgo solo será útil si se integra en una estrategia industrial que reduzca la dependencia de materias y energía importadas. Claudia Mensi, presidenta de FEAD, añade que las reglas deben diseñarse con conocimiento de la operativa diaria de las empresas, sin cargas que frenen la gestión de residuos. La economía circular es un componente central del modelo productivo europeo y un terreno donde se juega la autonomía estratégica del continente.

La CEA llega con la promesa de ordenar ese espacio, conectar intereses y convertir la circularidad en motor de competitividad. Su éxito dependerá de que las normas logren un equilibrio entre la ambición ecológica y la capacidad de adaptación de las empresas.