La propiedad industrial como palanca de competitividad (y III)

España presenta una posición específica dentro del diagnóstico europeo. El grupo de trabajo de Cotec sobre Soberanía Tecnológica (2024) aplicó el marco de Edler et al. al contexto español e identificó los principales retos estructurales: déficit de perfiles STEM con orientación tecnológica de frontera, escasa presencia en los eco sistemas de deep tech (semiconductores, biotecnología de plataforma, inteligencia artificial) y limitada inversión empresarial en I+D —apenas el 1,49% del PIB—. Al mismo tiempo, el informe señala que la pertenencia a la UE proporciona a España un marco regulatorio que puede ser un activo diferencial si se complementa con una estrategia activa de atracción y retención de sedes tecnológicas.

La literatura sobre el «efecto sede» y sus implicaciones para la soberanía tecnológica señala varias palancas de política relevantes para el caso español: la mejora del régimen de patent box para hacer más competitivo el registro de propiedad intelectual en España; el desarrollo de instrumentos de financiación respaldada por PI que movilicen el valor latente en las carteras de patentes de las empresas innovadoras españolas; y la atracción de sedes europeas de empresas tecnológicas globales. Este último mecanismo es el que Cantwell denominó «upgrading tecnológico por proximidad a líderes»: la presencia de centros de decisión tecnológica en un territorio eleva la calidad y la especialización del tejido innovador circundante.

4.4. La propiedad industrial como palanca de competitividad: financiación, valorización e inversión

Uno de los vínculos más directos entre los activos de propiedad industrial y la soberanía tecnológica es el que pasa por la financiación. El informe de la EUIPO sobre IP-backed Finance in Europe (2026) documenta que en EE.UU. el 43% de las pymes innovadoras utilizan su propiedad intelectual como garantía para obtener financiación bancaria, mientras que en Europa ese porcentaje es inferior al 10%. Esta asimetría no es solo un problema financiero: es un síntoma de la infrautilización del capital intangible como palanca de crecimiento y de la insuficiente madurez del ecosistema europeo de valorización de activos de PI.

La OCDE ha desarrollado el concepto de «capital basado en el conocimiento» (KBC) precisamente para capturar el valor económico de los activos intangibles —incluyendo patentes, software, bases de datos, diseños y know-how— en las cuentas nacionales y empresariales. Su estimación para las economías avanzadas indica que la inversión en KBC supera ya a la inversión en capital físico en países como EE.UU., Reino Unido y Suecia, y que las empresas con altas intensidades de KBC generan mayor productividad, empleos de mayor calidad y exportaciones de mayor valor añadido. La implicación para España es directa: elevar la inversión y la gestión estratégica de los activos intangibles es una de las palancas de política económica de mayor retorno potencial.

En el plano de las políticas de incentivo a la innovación, el patent box o «caja de patentes» se ha consolidado como uno de los instrumentos fiscales más utilizados en Europa para incentivar el registro y la explotación de patentes en el propio territorio. Países como Holanda, Luxemburgo, Bélgica e Irlanda disponen de regímenes especialmente competitivos que han atraído a empresas tecnológicas globales a domiciliar sus portfolios de PI en esos territorios. España introdujo su propia versión en 2013 (artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), con una reducción fiscal del 60% sobre los ingresos procedentes de la explotación de activos de PI, pero su uso sigue siendo comparativamente reducido respecto al de las economías más activas de la UE.

El WEF, en su análisis sobre los ecosistemas de innovación de alta tecnología, introduce el concepto de «PI estratégica abierta»: la combinación de activos de PI propietarios con estándares abiertos y licencias permisivas que permitan a las empresas liderar ecosistemas de innovación colaborativa sin renunciar al control sobre los activos centrales. Este modelo —adoptado con éxito por empresas como IBM, Qualcomm o ARM— ofrece una vía intermedia entre la propiedad exclusiva y el open source que podría ser especialmente relevante para la estrategia de las empresas tecnológicas europeas que operan en mercados donde las externalidades de red son determinantes.

El recorrido por la literatura académica permite construir un marco conceptual coherente para el análisis del control tecnológico como dimensión de la autonomía estratégica. Dicho marco articula cinco proposiciones fundamentales:

P1 (Kogut-Zander): El conocimiento tecnológico más estratégico tiende a concentrarse en el país de la sede corporativa. La localización de la sede no es neutral para la acumulación de capital tecnológico de un territorio.

P2 (Teece): La apropiabilidad de los beneficios de la innovación depende del control sobre activos complementarios. Sin control sobre plataformas, infraestructura de nube e inteligencia artificial, el conocimiento generado en Europa fluye hacia los poseedores de esos activos.

P3 (Edler et al.): La soberanía tecnológica es condición de la autonomía estratégica, pero no requiere autarquía tecnológica. Implica capacidad de acción autónoma en tecnologías críticas y minimización de dependencias estructurales.

P4 (Bradford/Draghi): El control regulatorio no es sustituto del control tecnológico. Regular el comportamiento de empresas tecnológicas extranjeras no proporciona control sobre las decisiones de inversión, desarrollo e infraestructura.

P5 (OMPI/OEP/OCDE): Los activos de propiedad industrial —patentes, software y know-how— son los instrumentos concretos a través de los cuales se ejerce o se pierde el control tecnológico. La riqueza y gestión estratégica del portfolio de PI de un territorio son indicadores directos de su grado de soberanía tecnológica.

La implicación de política más directa de este marco es que la atracción y retención de empresas tecnológicas con sede en Europa y España —con sus centros de I+D, sus carteras de propiedad intelectual y sus funciones de dirección estratégica— es la intervención de mayor impacto disponible para incrementar el control tecnológico de estos territorios. Esta es una proposición que cuenta con apoyo tanto en la literatura de economía de la innovación como en la de política industrial y economía política internacional.

5.1. Lagunas y agenda futura

Pese al avance significativo de la literatura en los últimos cinco años, persisten lagunas relevantes. En primer lugar, no existe aún una métrica operativa aceptada para medir el «control tecnológico» de un territorio de forma comparable entre países: los indicadores disponibles (patentes, gasto en I+D, sede de las empresas del sector tecnológico en rankings) son aproximaciones parciales. En segundo lugar, la literatura sobre el efecto sede tecnológico se ha centrado principalmente en el nivel de empresa y en los países más innovado res; hacen falta estudios empíricos sobre los efectos de la (re)localización de sedes en economías de tamaño medio como España. En tercer lugar, la intersección entre el control tecnológico y la financiación basada en PI es un campo emergente que, como señala el informe EUIPO (2026), requiere análisis empírico y marcos conceptuales más desarrollados.

Finalmente, la tensión entre «soberanía tecnológica» y «apertura estratégica» —que algunos autores (Crespi et al., 2025) intentan resolver con el concepto de soberanía tecnológica «coopetitiva»— sigue siendo un campo de investigación activo y con altas implicaciones para el diseño de política. La pregunta de cómo Europa puede construir capacidades tecnológicas propias sin incurrir en el coste de la fragmentación de cadenas de valor globales es probablemente la cuestión de política económica más relevante del próximo decenio.

5.2. Hacia un marco integrado de activos intangibles y control tecnológico

La incorporación de los activos de propiedad industrial al marco analítico del control tecnológico permite avanzar hacia una visión más operativa de la soberanía tecnológica que no se limita a los grandes indicadores macro sino que desciende al nivel de la empresa, del sector y del ecosistema de innovación. La OCDE ha propuesto en su Marco de Medición de la Transformación Digital (2021) un sistema de indicadores que integra dimensiones de infraestructura digital, datos, plataformas, know-how y capital humano en una visión sistémica de la economía del conocimiento. Su aplicación sistemática al caso español sería una contribución de alto valor tanto para la investigación académica como para la política pública.

La OMPI, por su parte, trabaja en la actualización de su marco de medición de los activos de PI para incorporar nuevas formas de conocimiento protegido que no encajan bien en las categorías tradicionales: los datos como activo protegible, los modelos de IA como objeto de derechos de autor, las bases de datos genómicas como activos estratégicos de primer orden. Estos desarrollos sugieren que el perímetro del «control tecnológico» ejercido a través de la PI se expandirá sustancialmente en los próximos años, y que las empresas y territorios que estén mejor posicionados para navegar este nuevo paisaje normativo serán los que tengan mayor capacidad de capturar el valor de la siguiente ola de innovación.

La agenda de investigación resultan te tiene tres ejes prioritarios: (i) el desarrollo de indicadores compuestos de «control tecnológico» que integren datos de PI (OMPI, OEP), indicadores de I+D (OCDE) y métricas de ecosistema (WEF) en un índice comparable entre territorios; (ii) estudios de caso sobre el impacto de la (re)localización de sedes tecnológicas en economías medianas —con España como candidato natural—; y (iii) análisis de instrumentos de política —patent box, IP-backed finance, regímenes de secretos comerciales, sistema de patente unitaria— y su efectividad comparada para fortalecer el control tecnológico de las economías europeas de tamaño medio.