La hora de las fotos inútiles con los políticos

Cuando Raúl Torres y Raúl Verdú, ‘los Raúles’, fundadores de PLD Space, comenzaron a desarrollar su proyecto en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, alrededor del año 2012, eran apenas dos jóvenes emprendedores con una idea de tecnología espacial. La directora gerente del parque, Tonia Salinas, suele relatar cómo fue la "travesía del desierto" que emprendieron juntos para captar 125.000 euros y acceder a su primera ronda de financiación pública, vía CDTI.

Tonia y ‘los Raúles’ llamaron a empresarios locales y acudieron a sus despachos con apenas una presentación de PowerPoint en la mano. Aquellas personas de negocios aceptaban recibirlos porque Tonia los llamaba personalmente desde la institución. De haberlo hecho aquellos jóvenes ilicitanos por su cuenta, ni siquiera les habrían abierto la puerta.

Finalmente, consiguieron la aportación de un grupo de 12 pequeños inversores que pusieron cada uno 6.000 euros. El importe restante para completar la ronda se cubrió gracias a que PLD Space le debía dinero al Parque Científico por el uso de servicios e instalaciones. La UMH aceptó cambiar esa deuda por capital social de la empresa. Años después, cuando la compañía se convirtió en un éxito consolidado, algunos empresarios le recriminaron a Tonia no haber ido a buscarles para invertir, y ella les recordó que había ido a sus oficinas hasta en tres ocasiones y no quisieron apostar.

En otra fase crítica del desarrollo de PLD Space, los fundadores tenían bloqueada una autorización para realizar una prueba clave con el Ministerio de Defensa. Ante la barrera burocrática, el Parque Científico intervino e hizo gestiones a través de una senadora de Alicante para reunirse directamente con el Ministerio a nivel estatal. Aquello logró desatascar el permiso para ejecutar la prueba.

Es conveniente que los responsables públicos sean conscientes de lo difícil que resulta todo si se mantienen al margen y no hacen política, en lugar de dedicarse exclusivamente a aprobar normas. En un mundo ideal, la campaña electoral que comienza ahora sería una buena oportunidad para que cayeran en la cuenta de ello. Es difícil ser optimista.

Cuando en junio pasado asistí a la feria Vivatech París, el mayor escaparate de startups de Europa, su director general, François Bitouzet, me explicó que habían dedicado un especial esfuerzo a conseguir que los políticos se acercaran a los emprendedores, dialogaran con ellos y comprendieran los desafíos a los que se enfrentan. En las últimas semanas he podido hacer la misma pregunta a tres directivos de destacadas aceleradoras y centros de empresas innovadoras: ¿has recibido en alguna ocasión a políticos interesados de verdad en conocer su actividad y sus necesidades?

La respuesta unánime ha sido que no. Las pocas veces que han recibido a responsables públicos buscaban “hacerse la foto”. Es duro escuchar esto de boca de quienes están tratando de impulsar a los innovadores de nuestro país. Los Tonias de turno. Sigue sucediendo que el político les dice: “pásame tus peticiones, claro, y las estudiaré”. Un directivo asegura que lleva casi 20 años remitiéndoles exactamente el mismo listado de asuntos.

La conexión del mundo político y empresarial con el tejido innovador se mantiene como una de nuestras principales asignaturas pendientes. Conseguir que hablen el mismo idioma puede evitar, como me comenta un emprendedor de una fabulosa empresa tecnológica del ámbito de la economía circular, la angustiosa tarea de reconvertir el modelo de negocio hasta ocho veces debido a los bruscos vaivenes normativos y de incentivos estatales.

A la regulación europea se le suman transposiciones nacionales a menudo sobrecargadas, a las que hay que añadir después normativas autonómicas con coletillas propias y ordenanzas municipales. Esto obliga a los emprendedores a convertirse en especialistas en derecho administrativo autonómico y municipal, lo que incrementa la lista de los costes inasumibles para una startup.

Un alto directivo del sector químico me dice que el mayor problema de Europa no es ya únicamente que sobre su sector recaigan más de 20.000 folios de normativa, sino que en muchos casos las regulaciones se contradicen entre sí. Una startup tecnológica tuvo que esperar dos años para obtener la autorización europea y otros dos años para la española. Sobrevivió a duras penas al parón, que provoca una fuerte tensión financiera y de tesorería. Acaba de dar entrada a Nvidia como inversor estratégico.

Modificar y crear un suelo industrial para albergar empresas puede implicar años de tramitaciones. En ocasiones, sus directivos deben avisar a los inspectores de la Administración cuatro meses antes de finalizar sus obras para lograr que, con suerte, acudan a revisar las instalaciones cuando terminen.

Este distanciamiento del sector público con la realidad no ayuda a generar confianza y a apostar por propuestas que incluyan un componente de riesgo. Un proyecto para la fabricación automatizada de calzado con más de 12 patentes, capaz de reducir los costes de producción entre un 50% y un 60%, no recibió el respaldo de ningún empresario del sector en España en su fase inicial. Solo buscaron unirse cuando la empresa ya contaba con fábrica en Portugal y socios americanos.

Emprender es una prueba extrema de resistencia financiera y resiliencia. Quizás los propios políticos, que saben bien lo que cuesta mantener una trayectoria profesional en su propio mundo, donde los cuchillos amigos son los más temibles, deberían mostrar más empatía con los innovadores. Hacerse la foto será la tentación hoy, en esta campaña electoral, una vez más. Que sirva de algo.