La IEA insta a España a acelerar la electrificación de la economía y reforzar la resiliencia del sistema eléctrico

El documento recoge que España alcanzó aproximadamente 119 GW de capacidad renovable instalada en 2025, más del doble que en 2015, cuando contaba con 51 GW. Las fuentes renovables aportaron el 56% de la generación eléctrica durante 2025, frente al 35% de diez años antes, mientras que el conjunto de tecnologías de bajas emisiones representó alrededor de tres cuartas partes de la electricidad producida.

Este despliegue también ha contribuido a reducir la dependencia energética exterior. Aunque las importaciones todavía cubrían el 69% del consumo total de energía en 2024, la expansión de las renovables ha reducido la exposición del país a las fluctuaciones de los mercados de combustibles fósiles. Según las estimaciones de la IEA, sin la nueva capacidad renovable incorporada entre 2011 y 2024, las importaciones de gas natural habrían sido casi un 40% superiores en 2024. Además, el crecimiento de la energía eólica y solar evitó unos 26.000 millones de dólares en costes acumulados de importación de gas durante ese periodo.

La electrificación de la economía

La IEA considera que el desafío central consiste ahora en convertir el avance de la generación renovable en una transformación de los sectores que consumen energía. En 2024, la electricidad representaba el 25% del consumo final de energía en España, todavía lejos del objetivo del 35% fijado para 2030 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

En cuanto al ámbito del transporte, la electricidad solo cubría el 2% de la demanda energética del sector en 2024 y sus emisiones aumentaron un 7,7% entre 2015 y 2024. La agencia apunta a la necesidad de abordar las barreras de coste, acelerar el despliegue de infraestructuras y reforzar la confianza de los consumidores para impulsar el cambio hacia soluciones de movilidad menos dependientes de los combustibles fósiles.

En los edificios, aunque se han producido avances en la rehabilitación residencial, los sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles continúan teniendo una presencia importante. La IEA recomienda incentivar las reformas para mejorar la eficiencia energética y la electrificación, junto con medidas de apoyo específicas para los hogares vulnerables.

La industria también dispone de oportunidades para avanzar mediante la electrificación de procesos, el uso de calor renovable y los combustibles de bajas emisiones. Sin embargo, las inversiones se ven condicionadas por los elevados costes iniciales y la incertidumbre sobre la demanda y las infraestructuras futuras.

Uno de los obstáculos comunes a estos sectores es la diferencia entre el precio final de la electricidad y el de los combustibles fósiles. Aunque la elevada penetración renovable contribuye a mantener unos precios mayoristas relativamente bajos, los impuestos, gravámenes y cargos de red elevan el coste que pagan los consumidores. La IEA plantea revisar el equilibrio de estos componentes para hacer más atractivas las soluciones eléctricas, sin dejar de proteger a los consumidores vulnerables.

Red eléctrica preparada para las renovables

En 2025, España incorporó aproximadamente 15 GW de nueva capacidad renovable, su mayor incremento anual hasta la fecha, y más del 90% correspondió a energía solar fotovoltaica. Esta concentración de nuevas instalaciones en una tecnología variable puede incrementar los episodios de excedentes de generación, los recortes de producción renovable y la presión sobre los precios, además de debilitar las señales de inversión.

Por ello, la IEA recomienda diversificar la cartera de generación mediante un mayor desarrollo de la energía eólica, los proyectos híbridos y las tecnologías de almacenamiento. Las baterías y otras soluciones de almacenamiento permitirían absorber los excedentes de electricidad y trasladarlos a los momentos de mayor demanda. También considera necesario aprovechar la flexibilidad del consumo mediante herramientas como la recarga inteligente, la agregación de demanda y la gestión de cargas industriales.

Reforzar las conexiones permitiría mejorar la seguridad del suministro, facilitar la integración de la generación renovable y aprovechar los excedentes españoles en otros países. La agencia recomienda continuar desarrollando los proyectos de interconexión que presenten mayor viabilidad y madurez.

El informe también subraya la necesidad de adaptar la planificación y operación de las redes al nuevo modelo energético. El apagón de abril de 2025 puso de manifiesto la importancia de reforzar la resiliencia del sistema. España ha iniciado reformas que incluyen una mayor supervisión, procedimientos operativos actualizados e inversiones en tecnología de red. La IEA considera esencial mantener estos esfuerzos para garantizar la estabilidad de la frecuencia, la tensión y la inercia del sistema eléctrico.

Diversificar el suministro

Pese al crecimiento renovable, el petróleo y el gas natural siguen desempeñando un papel relevante en el sistema energético español. En 2025, el petróleo representó el 43 % del suministro total de energía y el gas natural, alrededor del 23%. La IEA considera que reducir progresivamente la demanda de estos combustibles importados es una de las vías para reforzar la seguridad energética, aunque advierte de que el gas seguirá siendo necesario a corto y medio plazo para determinados usos industriales y para aportar flexibilidad al sistema eléctrico.

España ha avanzado en la diversificación de sus proveedores. Entre 2015 y 2025, la proporción de gas natural importado en forma de gas natural licuado (GNL) aumentó del 42% al 67%. En 2025, el país recibió gas de 16 países: Argelia fue el principal proveedor, con el 35% de las importaciones, mientras que Estados Unidos aportó el 30 % y Rusia, el 12%. La agencia advierte, no obstante, de la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales de GNL y de la necesidad de sustituir los volúmenes rusos restantes sin generar nuevas dependencias.

En este contexto, el organismo recomienda una planificación conjunta de las infraestructuras eléctricas, gasistas y de hidrógeno, que actualmente siguen procesos y marcos regulatorios en buena medida separados. Una coordinación más estrecha entre los operadores y las autoridades permitiría ajustar las inversiones a la evolución de la demanda, evitar activos infrautilizados y gestionar de forma ordenada la transformación de las redes de gas.

La planificación del cierre nuclear es otro de los asuntos que la IEA considera relevantes para la seguridad del suministro. El calendario previsto contempla el cese progresivo de las centrales entre 2027 y 2035. El organismo recomienda valorar las solicitudes de extensión de funcionamiento caso por caso, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, la suficiencia del suministro y los costes y beneficios para los consumidores y el sistema eléctrico.

El informe reconoce el desarrollo de un marco de políticas públicas que combina el PNIEC, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y distintos instrumentos de financiación e impulso industrial. Entre ellos figuran los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que apoyan cadenas de valor vinculadas a las energías renovables, el hidrógeno, el almacenamiento, los vehículos eléctricos y la descarbonización industrial.

La IEA también destaca el potencial de creación de empleo asociado a la transición. Según las estimaciones del Gobierno español recogidas en el documento, el proceso podría generar 560.000 puestos de trabajo adicionales hasta 2030 respecto a un escenario de referencia, principalmente en los ámbitos de las renovables y la eficiencia energética. Sin embargo, la disponibilidad de profesionales cualificados continúa siendo un factor limitante en actividades como la ingeniería eléctrica, las redes, el almacenamiento, la rehabilitación de edificios y la gestión de residuos.

A ello se suman las dificultades administrativas para tramitar y autorizar proyectos, la escasez de recursos humanos en determinadas administraciones, los problemas de acceso a la red y los retos de aceptación social de nuevas instalaciones. La agencia considera necesario reforzar la coordinación entre ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, reguladores y operadores, además de ampliar la formación y el reciclaje profesional.

Por otro lado, el informe valora el papel del Instituto para la Transición Justa y las políticas dirigidas a proteger a los colectivos vulnerables. La pobreza energética descendió del 20,8% en 2023 al 15,9% en 2025, según el indicador subjetivo utilizado por el documento, aunque sigue siendo un problema relevante, especialmente en hogares rurales y encabezados por mujeres.

Recomendaciones para consolidar el cambio de modelo

La revisión de la IEA reúne diez recomendaciones para orientar la política energética española. Entre sus prioridades figuran acelerar la electrificación de la industria y los hogares, impulsar la transición del transporte, incentivar la rehabilitación de edificios y reforzar la planificación de las competencias profesionales y los recursos administrativos.

En materia de seguridad energética, plantea desarrollar una planificación integrada de las infraestructuras de electricidad, gas natural, hidrógeno y otros gases renovables, así como evaluar las posibles extensiones de las centrales nucleares tras las correspondientes revisiones de seguridad.

Para avanzar hacia un sistema eléctrico más resiliente, recomienda equilibrar la combinación de tecnologías renovables mediante más energía eólica, proyectos híbridos y almacenamiento; ampliar la flexibilidad de la demanda y las interconexiones; y reforzar la seguridad y la gobernanza de la red.