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España arranca 2026 con avances desiguales en los PERTE y un calendario europeo que ya aprieta
La ejecución de los PERTE avanza a distinto ritmo, con acceso limitado de pymes, y la fecha límite europea de agosto de 2026 exige acelerar decisiones
España empieza 2026 con los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en una fase decisiva. El Gobierno mantiene que el país sigue entre los más adelantados en la ejecución de fondos NextGenerationEU y recuerda que se han resuelto convocatorias por más de 53.600 millones. Sin embargo, el tramo final del plan europeo obliga a revisar la situación con menos optimismo y más atención al detalle. Bruselas fija agosto de 2026 como fecha límite y no contempla prórrogas. Si el dinero no se adjudica y ejecuta antes de esa fecha, los recursos deberán devolverse a la Unión Europea.
La adenda aprobada en 2024 permitió reorganizar el Plan de Recuperación y mejorar algunos procedimientos. Aun así, los datos cerrados a finales de 2025 mostraban que solo un 37% del dinero destinado a los PERTE había quedado adjudicado. El desfase entre planificación y ejecución preocupa a empresas y administraciones autonómicas, que ven llegar un periodo de máxima presión sin que todos los programas hayan alcanzado la velocidad necesaria.
Además, aunque los PERTE nacieron con la promesa de dinamizar el tejido empresarial, buena parte de las adjudicaciones ha terminado en entidades públicas, consorcios universitarios y grandes centros tecnológicos. Las pymes denuncian que los requisitos administrativos y la estructura de las convocatorias han creado una barrera de entrada que limita su participación. El resultado es un reparto que no siempre refleja la diversidad del tejido productivo y que deja a muchas empresas fuera de unas ayudas diseñadas, en teoría, para estimular la modernización industrial.
Diferentes velocidades
El PERTE de Salud de Vanguardia destaca en la parte alta de la tabla. Con más del 80 % de su presupuesto comprometido, ha logrado impulsar terapias avanzadas, digitalización sanitaria y cooperación entre centros de investigación y compañías biotecnológicas. El PERTE de Economía Social y de los Cuidados también muestra un ritmo elevado. Supera el 90 % de ejecución y ha permitido que miles de entidades desarrollen proyectos vinculados a cuidados, empleo inclusivo y modernización de servicios comunitarios. La capilaridad del tercer sector y la diversidad de convocatorias han favorecido su despliegue.
La situación cambia al observar los PERTE industriales. El de Vehículo Eléctrico y Conectado arrastra los problemas detectados por el Tribunal de Cuentas en 2024. El informe señalaba fallos de gobernanza, coordinación insuficiente y baja participación empresarial durante el diseño inicial. Aunque la segunda convocatoria corrigió varios elementos, el retraso acumulado sigue presente. El volumen de inversiones exigido y la complejidad del sector añaden más incertidumbre al último tramo del plan.
El PERTE de Descarbonización Industrial tampoco avanza con la fluidez deseada. La convocatoria de 330 millones abierta en 2025 llegó tras un periodo marcado por renuncias de empresas en varias comunidades. Los sectores afectados piden calendarios más previsibles y marcos que encajen mejor con proyectos que requieren planificación plurianual.
El PERTE Chip representa otra de las grandes incógnitas de 2026. La ambición del programa contrasta con la lentitud administrativa. Las compañías del ámbito de los semiconductores insisten en que los plazos para resolver convocatorias no se ajustan al ritmo de la industria. El sector reclama procedimientos más directos y una toma de decisiones que permita atraer inversiones en un entorno global altamente competitivo.
En este sentido, la mesa de debate sobre microelectrónica del New In ‘Top Tech Challenge’ organizada por Atlas Tecnológico fue crítica. Jorge Blasco (PhotonicSENS) fue el más crítico y afirmó que “los responsables españoles del PERTE Chip se han equivocado totalmente”.
A pesar de las dificultades, alrededor del 40 % de las ayudas adjudicadas ha recaído en pymes. Programas complementarios, como el Kit Digital, han facilitado la modernización tecnológica de miles de pequeños negocios, y algunas grandes compañías han podido avanzar en procesos de modernización industrial y sostenibilidad.
Sin embargo, el reto no se limita a la distribución del dinero. La transformación que buscaban los PERTE exige una ejecución completa antes del cierre europeo. España aún arrastra procedimientos complejos, plazos largos y una fragmentación administrativa que frena el despliegue de algunos proyectos estratégicos.
El país afronta 2026 con una doble responsabilidad: cerrar convocatorias pendientes y asegurar que las inversiones ya adjudicadas llegan a su destino sin retrasos adicionales. Las comunidades autónomas piden más coordinación y menos carga burocrática, mientras las empresas solicitan certidumbre y procesos que permitan planificar decisiones industriales con margen suficiente. El reloj avanza sin pausas y el margen para ajustes se ha reducido al mínimo.
