La renuncia de España a 60.000 millones en créditos de la UE deja en el aire una parte sustancial del impulso a la innovación

La decisión del Gobierno de no solicitar cerca de 60.000 millones de euros en créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha reabierto un debate: qué modelo industrial quiere España para los próximos años y con qué herramientas pretende financiarlo. El Ejecutivo defiende que la buena marcha de la economía permite obtener financiación más barata en los mercados que a través de los préstamos de Bruselas. Sin embargo, esta renuncia altera compromisos asumidos ante la Comisión Europea, reduce el alcance de diversos programas estratégicos y obliga a redefinir prioridades justo cuando el país encara una etapa decisiva para competir en nuevas tecnologías.

Aunque España mantiene intacto el bloque de subvenciones (alrededor de 80.000 millones, de los que ya ha recibido un 70%), la retirada del grueso de los créditos altera la arquitectura del plan español. No solo porque los préstamos estaban vinculados a hitos que Bruselas debía supervisar, sino también porque financiaban proyectos orientados a reforzar sectores considerados estratégicos, desde la microelectrónica hasta la transición energética.

Los PERTE, concebidos como ejes para impulsar actividades de futuro, quedan especialmente expuestos. El Perte Chip es el caso más llamativo: la renuncia afecta de facto a los 10.750 millones destinados a su rama crediticia. España aspiraba a atraer grandes fabricantes de semiconductores, consolidar centros de diseño y multiplicar la presencia de empresas locales. La retirada de estos fondos obliga ahora a una revisión profunda del plan y deja en el aire algunas negociaciones que se habían iniciado con multinacionales del sector.

No es el único programa que entra en zona de incertidumbre. La Línea ICO-Verde, dotada con 22.000 millones, debía canalizar financiación hacia proyectos de energía limpia, movilidad eléctrica o eficiencia industrial. Su despliegue queda recortado y dependerá de si Economía decide compensar la falta de financiación europea con emisiones de deuda u otras fórmulas. Lo mismo ocurre con el Fondo de Resiliencia Autonómica (20.000 millones) y la Línea ICO-Empresas y Emprendedores (8.000 millones), claves para impulsar inversiones en pymes.

A esta lista se suma el Fondo Next Tech, orientado a la digitalización y al crecimiento de compañías tecnológicas. Todos ellos diseñaban un horizonte en el que España trataba de dar un salto estructural. La renuncia obliga a priorizar, recortar o buscar vías alternativas que eviten que estos proyectos queden archivados.

¿Financiación sustitutiva?

El Gobierno sostiene que puede recurrir al Tesoro o al Banco Europeo de Inversiones, que ya financia proyectos por más de 12.000 millones anuales. También puede optar por programas presupuestarios propios si logra apoyos parlamentarios suficientes.

La cuestión es si esta financiación alternativa mantendrá el nivel de exigencia y coherencia que imponía Bruselas. Sin los hitos europeos, la orientación y continuidad de las inversiones dependerán en mayor medida de la voluntad política interna y de la estabilidad parlamentaria. La legislatura, marcada por una mayoría parlamentaria frágil, añade un grado de incertidumbre sobre la profundidad de las reformas y sobre la capacidad de ejecutar programas con plazos ajustados.

Tras cuatro años, solo se habían adjudicado 6.900 millones del total de préstamos disponibles, lo que alimentó la sensación de que la Administración no lograba activar suficientes proyectos o de que los requisitos desincentivaban a las compañías. Aun así, la renuncia sorprende a buena parte del sector industrial, que confiaba en que la adenda de 2023 reactivaría los programas durante los dos años que quedaban hasta 2026.

Al final, la mayor parte de los fondos Next Generation adjudicados ha ido a parar a entes públicos y grandes proyectos estatales, mientras que la participación de empresas privadas queda lejos de las cifras fijadas al inicio. El riesgo es que esta tendencia se profundice sin una estrategia precisa que combine financiación, reformas y colaboración con el tejido empresarial

La renuncia a los créditos obliga a un esfuerzo adicional para sostener el pulso industrial. Los próximos meses serán decisivos para saber si el país será capaz de mantener proyectos como el Perte Chip, reforzar la transición energética o respaldar a las pymes que buscan abrirse hueco en sectores de alto valor añadido. La renuncia exige un plan claro, financiación estable y coordinación institucional, que hasta ahora ha avanzando con muchas dificultades.