El nuevo contrato social, bienvenidos a Selva Inc.

Dice el tecnólogo Ian Bremmer, presidente y fundador de Eurasia Group y GZERO Media, en el inicio de su conversación con Cliff Kupchan, Susan Glasser y Jon Lieber para presentar su nada digestivo informe Top Risks 2025, que el factor definitorio de nuestra era es que Estados Unidos ha dejado de tener interés en seguir ocupándose de la extensión del modelo de libertades occidental al resto del mundo. Quien lo quiera, tendrá que apañarse solo.

De hecho, en el decálogo de aspectos a vigilar en 2025 de Eurasia Group se incluye explícitamente la realidad de que un buen puñado de países ahora mismo se encuentran en una situación de desgobierno, sin instituciones, ni Estado de Derecho que valga. Siria, Sudán, Yemen… a nadie parece importarle demasiado. Darwinismo geopolítico a las bravas.

“Estamos volviendo a la ley de la selva. Un mundo en el que los más fuertes hacen lo que pueden, mientras que los más débiles están condenados a sufrir lo que deben. Y no se puede confiar en que los primeros, ya sean Estados, empresas o individuos, actúen en interés de aquellos sobre los que tienen poder”, es el categórico resumen con el que Eurasia Group presenta su informe. Delicioso panorama.

En este contexto conceptual hay que situar el J’accuse…! de esta semana de ese trasunto naif y tech de Emile Zola en el que parece querer convertirse Mark Zuckerberg, fundador de Meta. No por la simplicidad buscada de sus palabras y argumentos, puede ignorarse la enorme carga de profundidad de su discurso, difundido a través de Instagram.

Dice Zuckerberg que “el Gobierno y los medios tradicionales han presionado para censurar cada vez más” y que, en buena medida, su intención “es claramente política” (concepto que asimila al de “partidista”). El problema de los sistemas para moderar contenido, creados por la industria tecnológica, es que “cometen errores” y, aunque sólo se equivoquen al censurar un 1% de los posts, eso ya “afecta a millones de personas”. Hay “demasiados errores y demasiada censura”, sostiene.

Los verificadores de datos independientes en los que confió Meta a raíz de las presiones por desinformación procedentes de los “medios tradicionales”, así los llama, “han demostrado estar sesgados políticamente y han destruido más confianza de la que han creado”. El resto ya se conoce y podría habérselo dictado Elon Musk, no tiene más relevancia a efectos de cambio de paradigma: más protagonismo a las anotaciones de otros miembros de la comunidad y actuación sólo en caso de violaciones flagrantes de la ley.

“Esto es un compromiso”, continúa Zuckerberg como si estuviera jurando un acta de congresista, para que haya menos “gente inocente” afectada por el control de sus mensajes. “Vamos a trabajar con el presidente Trump para hacer retroceder a los gobiernos de todo el mundo, que persiguen a las empresas estadounidenses y presionan para que se censure más”. Sí, claro, Europa: “tiene un número cada vez mayor de leyes que institucionalizan la censura y dificultan la creación de cualquier cosa innovadora allí”.

Y aquí está la madre del asunto. “La única forma de echar atrás esta tendencia global es con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos” (¿o de Trump & Co?), algo muy complicado los últimos cuatro años en los que la propia Casa Blanca ha impulsado la censura, según Zuckerberg. “Ahora tenemos la oportunidad de restaurar la libertad de expresión” y “dar voz a la gente”.

Es habitual que el sector tecnológico se autoproclame como garante del derecho de las personas a disfrutar de una mayor calidad de vida (y, más recientemente, del planeta también). Pero lo que plantea Zuckerberg, cuestionando a dos instituciones como los medios de comunicación tradicionales y los gobiernos censuradores, va mucho más allá.

Tiene las implicaciones de un nuevo contrato social, en el que el principio de representatividad y la separación de poderes son sustituidos por algo así como un principio de capacidad y un concepto reticular de las instituciones. Bienvenidos a la Selva Inc, un nuevo espacio en el “buen salvaje” de Rousseau ya no necesita pactar con nadie para sentirse seguro. ¡Es el sector público el que no puede hacer ya prácticamente nada, ni siquiera en el espacio, sin la tecnología de las grandes corporaciones!

Hace una semana describía en mi columna el choque de trenes que protagonizan el 20 de enero la postdemocracia arancelaria de Donald Trump y la “Colaboración en la Era Inteligente” que promulga el Foro de Davos 2025. Ambos arrancan el mismo día, dos visiones contrapuestas que deben estar haciendo las delicias de los enemigos de Occidente.

La crisis del contrato social actual es una crisis de confianza. Algunos llevamos años insistiendo en que ocupa la clave de bóveda del sistema. La clase política europea y norteamericana ha cebado la bomba desde la Gran Recesión de 2008, que coincidió con el estallido de las redes sociales.

Ha ocultado a sus ciudadanos, tras monstruosas emisiones de deuda pública, la realidad de la transformación de la economía y la revolución tecnológica; ha simplificado el debate público a 140 caracteres, en abierto desprecio a los expertos y a la ciencia; y, allí donde sí les ha dejado hacer aportaciones, ha cimentado la era de la desconfianza sobre centenares de miles de folios de regulación en los que habitualmente somatiza su falta de esperanza en personas y empresas: el presidente y CEO del Grupo Helios, Julio Pérez, clamaba en Salamanca contra la “diarrea regulatoria” con la que el sector público ha decidido exorcizar sus recelos hacia el sector privado.

Hoy la clase política europea probablemente se asoma al abismo que se merece. Sin embargo, la solución no puede ser un nuevo contrato social como el que propugna el venenoso discurso de Zuckerberg. Sus palabras no vienen a restaurar las grietas del sistema, sino que plantean una alternativa basada en el desprecio a las instituciones. No es ese el camino para la Colaboración en la Era Inteligente, la única forma civilizada de resolver esto.

En uno de sus papers más recientes, el catedrático de la London School of Economics Andrés Rodríguez-Pose, tras analizar 208 regiones europeas durante este siglo, demuestra una verdad sencilla: en los lugares donde los ciudadanos confían en sus gobiernos, el desempeño económico se beneficia. «La confianza política no es sólo un subproducto de la buena gobernanza o la cohesión social; es el vínculo crítico que convierte la calidad institucional y la confianza social en beneficios económicos tangibles. Sin ella, incluso las mejores políticas o las iniciativas más cooperativas tienen dificultades para cumplir sus objetivos y, en consecuencia, el crecimiento económico y el desarrollo sufren».

Así lo explicaba Rodríguez-Pose en un post reciente: «Generar confianza entre los ciudadanos aborda así una barrera fundamental para el desarrollo económico. En lugares con instituciones débiles, priorizar la confianza política y mejorar la gobernanza puede romper ciclos de estancamiento. En regiones más dinámicas, es la palanca necesaria para pasar de buenas a excelentes».