El dilema del sector público que desquicia a la innovación tecnológica

El sector público debe ser un colaborador necesario en el abordaje de las empresas a esa lancha fueraborda en la que viaja el nuevo ciclo de la inteligencia artificial (IA). Pronto no se habrá convertido en un transatlántico, sino en una auténtica Arca de Noé tecnológica. El que no esté ahí, no se salva.

Las cosas no son fáciles en la Administración. El director general de Simplificación Administrativa de la Generalitat Valenciana, Francisco Ortega, irrumpía en un evento reciente: “hablamos de gemelos digitales, pero el trabajo de muchos funcionarios consiste todavía en introducir los datos del DNI físico de los ciudadanos en un programa informático. No sé cómo encontraremos el equilibrio entre esos grandes proyectos de digitalización y la realidad de la Administración”.

Es bien sabido que el problema no se limita al sector público. Esa sensación de que la coyuntura nos anima a conducir Ferraris tecnológicos por caminos sin asfaltar (así podría describirse todavía a la mayoría de nuestras empresas) no es exclusiva de los gestores públicos. La diferencia es que el sector privado necesita a la Administración en una relación descomunalmente asimétrica.

Sin el apoyo del sector público español a todos los niveles, sin su impulso estratégico y normativo, su apertura a compartir información de calidad y su complicidad burocrática, muchas compañías lo van a tener complicado para desarrollar tecnología. A los gestores públicos, en cambio, les basta ir al mercado para comprarla allí donde esté, aunque se origine en otros países, que es lo que sucede en la mayoría de los casos (por supuesto, en el sector TIC, pero también en defensa: Airbus se lleva más del 60% de la inversión).

Esta semana, un muy destacado emprendedor tecnológico vinculado a la universidad, que ha sufrido la tortura administrativa que supone esperar dos años a que la Unión Europea dé el visto bueno a una ayuda crítica y otros dos años a que lo haga el Gobierno español (¡cuatro años!, muy pocos proyectos de innovación soportan un retraso así), expresaba su temor a que los mecanismos de control del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se endurezcan todavía más.

Sería una consecuencia del clima de sospecha generalizado que se ha instalado en nuestro país después de conocerse las andanzas de los Koldo, Ábalos, Cerdán y demás espabilados, a los que ahora se podría sumar supuestamente el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. A este último se le recuerda en el mundo de la investigación científico-tecnológica por el envío de auditores a inspeccionar proyectos ya cerrados, algunos incluso después de cinco años de la aprobación de las ayudas, sobre la premisa de un ‘principio de culpabilidad’ de los solicitantes.

Más allá de lo estrictamente burocrático, la puesta a disposición de datos públicos por parte de la Administración es fundamental para que muchas áreas del sector privado se puedan subir a la ola de la IA a la velocidad a la que lo está exigiendo la tecnología.

No se trata únicamente de los datos de salud, con sus condicionantes de privacidad y seguridad, eso se da por supuesto si queremos acelerar la salida de medicamentos y anticipar problemas sanitarios. Sucede también con los datos geoespaciales, como los que necesita una empresa como ESRI, y con otros muchos datos útiles, por ejemplo, los vinculados con el desarrollo del sector de la movilidad.

Algunos ámbitos son más dinámicos que otros. Es interesante el grado de satisfacción que genera entre los gestores públicos la buena experiencia compartiendo información vinculada al turismo. Se colabora relativamente bien, entre distintas instancias de la Administración y se plantea incluso el desarrollo de un espacio de datos.

Buena noticia, si no fuera porque estamos trasladando al sector turístico, estupendo y respetable a la par que propenso a contratos de escasa cualificación profesional y bajas cotizaciones sociales, poco compatibles con una Seguridad Social quebrada, una responsabilidad que va mucho más allá de lo que debería asumir: la de sostener el crecimiento económico y del empleo como parte de una economía de servicios ubicada en el extremo inferior de la cadena de valor.