Diarrea regulatoria, una foto de 6 euros y los tiburones heridos de Musk
Parece normal pensar que si un ente público pide un estudio sobre la posibilidad de que un cohete dañe a un tiburón en el Pacífico, o si lanza una licitación para comprar una foto por seis euros, surjan críticas al exceso y la mala aplicación de la normativa y se plantee la necesidad de cerrar organismos, pero la solución más lógica es la de la alianza entre tejido productivo y la Administración y, para eso, la primera tarea es que quede clara la dimensión del desafío
Dice Elon Musk, principal candidato a oligarca en la nueva Corte imperial de Donald Trump, que el Departamento de Eficiencia Gubernamental que va a dirigir, junto a Vivek Ramaswamy, reducirá las 452 agencias federales de Estados Unidos a sólo 99. Desde la fundación del país, afirma, se han creado dos al año y eso, en su opinión, “no tiene sentido”. Sin más.
En uno de los vídeos que el hombre más rico del mundo circula de forma enfermiza por su red social X, cuenta una anécdota que, desde luego, pone de manifiesto que, sí, en algunos casos, la desconexión entre la realidad del aparato público y la del sector privado es alarmante, aunque la solución para ello no tenga por qué ser la más aparentemente sencilla.
Explica Elon Musk, que cuando estaba tramitando los permisos para lanzar cohetes de SpaceX al espacio, una entidad pública le pidió que aportara un informe sobre la posibilidad de que, al llegar al mar, golpearan a un tiburón. Realmente era una petición de locos para la persona individual que más impuestos paga del mundo: 10.600 millones de dólares al año. Muchas veces, el sector público se lo tiene que hacer mirar cuando habla con innovadores.
Me pasan el anuncio de adjudicación de un contrato de “Compra por internet de fotografía aérea gran definición a la empresa pública GRAFCAN”, por parte de la Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Presupuesto de licitación: ¡seis euros! Explican fuentes del IAC que la información no corresponde, en realidad, a una licitación asociada a un concurso, sino a un pago en tarjeta que se ha comunicado como un ejercicio de transparencia. El centro lanzaba recientemente una convocatoria pública de empleo para incorporar a cinco personas del área administrativa. Con ese nivel de escrupulosidad, no me extraña.
En el evento “Alimentando el Futuro” celebrado en Salamanca, nada menos que el CEO del Grupo Helios, Julio Pérez, con más de 330 millones de euros de facturación al año, se sumaba al clamor general del resto de ponentes. Utilizó la expresión “diarrea regulatoria” para describir gráficamente lo que se ha convertido ya en uno de los principales problemas para la innovación en nuestro país y en Europa en general.
Cuando no se producen agravios por competencia desleal. Es magnífico que el Barcelona Supercomputing Center reciba financiación pública para tener 4.480 Hoppers de NVIDIA, siempre que los utilice para avanzar en la tecnología con sentido. Pero ¿dónde está la financiación privada para las empresas que no pueden competir con los presupuestos públicos para comprar tarjetas de NVIDIA y prestar servicios, tal vez más eficientemente? No la busques, no hay.
Santiago Miguel, presidente de Vitartis, la asociación de la industria agroalimentaria de Castilla y León, dejó un detalle muy interesante en la misma jornada de Salamanca: el exceso de regulación responde a la falta de confianza del sector público en el privado. Y con esos mimbres es difícil construir una estrategia.
En marzo pasado, el CEO de Bayer, Bill Anderson, explicaba en una entrevista a la CNBC tan corta como memorable, de apenas tres minutos, que el gran problema de su compañía, que había perdido un 50% de su valor en Bolsa en un año, no se resolvía fracturándola y vendiendo negocios, sino acabando con la burocracia y apostando por jerarquías simples. Esperaba ahorrar 1.000 millones de euros en costes de ese modo.
Obviamente, si se piden estudios sobre la posibilidad de golpear a un tiburón con un cohete del espacio en el Pacífico, la reacción lógica es pensar que, a menos que la entidad pública que lo solicita tenga algo mejor que hacer, no tiene sentido que exista. Es probable que muchos de los afectados por la dana de Valencia, o muchos de lo que han vivido la tragedia con consternación, se pregunten de qué vale disponer de recursos, que se pagan con nuestros impuestos, si no van a estar ahí cuando se les necesita.
La postura de Bill Anderson parece más sensata y sostenible a largo plazo. En lugar de extirpar los miembros que no funcionan, como plantea Musk, defiende aplanar las organizaciones y acercar la toma de decisiones a quienes están sobre el terreno. Cuando se produjo el cierre de Canal 9 en la Comunidad Valenciana, escribí, contra la línea editorial del medio en el que entonces trabajaba, El Mundo, que esa medida era la solución fácil. A los políticos se les pide capacidad para resolver problemas, no hacerlos desaparecer. Eso lo sabe hacer cualquiera.
Para que se imponga la visión del CEO de Bayer sobre la del fundador de Tesla, es necesario que el sector público y sus trabajadores, de forma sistémica, pongan más de su parte. Conviene hablarles claro y exponerles la dimensión del desafío que tenemos por delante, porque la mayoría, estoy convencido, no eluden la acción concertada con las empresas por mala voluntad o estrechez de mente, sino, sencillamente, por desconocimiento de lo que nos estamos jugando.