El esperpento de la ley de morosidad y la innovación

Asistimos a una ópera bufa desde que en octubre pasado se aprobó la Ley de Morosidad. Algún político prácticamente se acaba de enterar del problema, que podría situar a nuestro país en un auténtico oxímoron subsidiario: en plena apertura de compuertas del embalse en el que habían convertido los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en plena fase de concesión exprés, que ya veremos cómo se justifica esto en Bruselas, con la ley en la mano, el 70% de las pymes no pueden solicitar subvenciones porque no están cumpliendo con los plazos de pago a proveedores.

Como solemos hacer en este país, después de que distintos agentes empresariales y centros de investigación hayan acudido a los grupos parlamentarios en el Congreso a explicarles el contenido y las consecuencias de lo que sus propias señorías habían votado, ya está lista una enmienda a la ley vía Senado que vendría a servir de parche. Obviamente, no se puede solucionar todo el problema, porque eso es como reconocer abiertamente el error, y hasta ahí podríamos llegar. Un exclúyeme aquí y quítame requisitos allá, es lo que tenemos.

“Las ayudas que soliciten la línea de ayudas para la compensación de los costes adicionales debidos al aumento exponencial de los precios del gas natural durante 2022”, por ejemplo. Y también: «Se entenderá cumplido el requisito», dice la enmienda, «cuando el nivel de cumplimiento de los plazos sea igual o superior al porcentaje previsto en la disposición final sexta, letra d) apartado segundo de la ley» bla bla bla… en fin el 90%. Lo que le gusta complicar las cosas al legislador.

¿Te atrae lo que ves? Ármate de paciencia. Con la convocatoria de elecciones, todas las iniciativas legislativas decaen. También esta enmienda, que ha pasado al limbo normativo en el que se deben de haber arracimado las normativas desahuciadas de la legislatura extinta. ¿Y qué va a pasar con las empresas que no pueden acreditar estar al día al 100% en los plazos con proveedores, se quedan fuera de todas las líneas de ayudas pendientes de adjudicar hasta que el Senado vuelva en sí y decida abordar el asunto, cosa que no sucederá previsiblemente de octubre?

Tensión, tensión, en las cúpulas de las grandes multinacionales también, porque todo queda en el aire cuando precisamente el Gobierno parecía haber superado sus temores, dudas, indecisiones, en lo que a las ayudas del Plan de Recuperación se refiere y empezaba a darle aire al manubrio.

En la Comunitat Valenciana, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha publicado un informe cuantificando en 13.000 millones de euros la financiación que tendrían que recabar las pymes de la banca para ponerse al día en los pagos a 60 días. 17.000 millones para cumplir a 45 días. Y el 65% de las empresas solicitantes de esos préstamos tienen una calidad crediticia B o inferior, lo que las descarta como beneficiarias.

Un asunto nada deseable el de la morosidad, a extirpar porque los principales damnificados suelen ser aquellos que ocupan la posición más débil en una relación comercial. Pero no se puede abordar sin considerar las causas, una de las más relevantes tiene a la Administración como principal responsable. Un auténtico esperpento, por consiguiente, género literario español por antonomasia como supo ver Valle-Inclán.

Quizás se echa de menos en toda esta historia algo más de comunicación, de diálogo, entre los legisladores y los que son los destinatarios finales de sus creaciones. Llama la atención el grado de desconocimiento de las dinámicas reales de facturación y cobro que se viven hoy en día en el ecosistema. Desde luego, cuando emergen a la superficie las inoperancias que hacen que el mecanismo innovador nunca arranque, la I+D+I no suele salir beneficiada.