Los Estados y el dilema de la innovación social
Para incrementar el alcance y los beneficios sobre los ciudadanos y el planeta de una startup de innovación social, hay que fomentar la viabilidad comercial y el crecimiento empresarial, esta es, según el autor, la premisa de los fondos de capital riesgo en auge por el impulso de los ESG y el interés de los inversores institucionales, lo cual sitúa al sector público, cuyos estímulos son menos eficientes para fomentar la viablidad de las empresas, ante un auténtico dilema
MOSES LONDO / UNSPLASH
Don Valentine, fundador de Sequoia Capital, una de las firmas de capital de riesgo más importantes del mundo, explicaba en la Universidad de Stanford el criterio que había utilizado desde 1967 para seleccionar las compañías en las que iba a invertir. “Desarrollé un proceso de selección de inversiones intuitivo, basado en grandes mercados y soluciones que tenían un sentido comercial significativo a corto plazo. Seiscientas inversiones, treinta y tantos años después, seguimos utilizando básicamente los mismos criterios de selección al elegir empresas que tienen mercados enormes, enormes”.
¿Y qué mercado puede haber más enorme que los grandes desafíos de la sociedad, la persona y el medio ambiente: la lucha contra la desigualdad financiera, contra el cambio climático, la eliminación de las dificultades para el acceso a recursos básicos, la integración de colectivos minoritarios o desfavorecidos en el mercado laboral…? La Comisión Europea define la innovación social, precisamente, como “el desarrollo de nuevas ideas, servicios y modelos para abordar mejor los problemas sociales”.
Quizás no es el momento más adecuado para hablar de capital riesgo, que se lo cuenten a las startups que aún se tientan la ropa tras la quiebra del Silicon Valley Bank. Pero me reúno con la directora general de Extreme Tech Challenge, Victoria Slivkoff, especializada también en la inversión en empresas dirigidas por un propósito (‘purpose driven’) a través de Walden Catalyst. Su discurso es como una síntesis entre el darwinismo de Valentine y el platonismo de la Comisión Europea.
“Una compañía puede estar haciendo cosas buenas por el mundo, pero ¿dónde está el modelo de negocio, de generación de ingresos? ¿Cuenta con inversores que la sustentan? Si se financia con subvenciones, sin viabilidad comercial, morirá un día. No busco compañías impulsadas por un propósito diferentes de las otras startups. Como inversores debemos analizarlas con los mismos estándares. Porque yo creo impacto con el alcance de una compañía. Si es pequeña y no crece, su alcance es muy limitado, pero si es comercialmente viable y tiene el potencial para convertirse en una gran compañía, el impacto es mayor porque llega a mucha más gente”, me dice Slivkoff.
Es el dilema de la innovación social: para incrementar el alcance, hay que fomentar la viabilidad comercial y el crecimiento empresarial de las startups en las que invertimos. No olvidemos que estamos en pleno auge de la intervención de los Estados en los mercados, como se puso de manifiesto en el pasado Foro de Davos. Esa presencia de lo público será inevitable para fomentar la innovación social, pero ¿más allá de su faceta regulatoria, es más eficiente y, por consiguiente, más beneficioso para los menos favorecidos, como ‘inversor a fondo perdido’ que el sector privado? El dilema de la innovación social enfrenta a los hemisferios ideológico y pragmático-económico del cerebro del Estado.
Una investigación realizada en Escocia descubrió que el Social Enterprise Investment Fund en Inglaterra “perpetúa un entorno de financiación inestable y a corto plazo que ayuda a establecer nuevas entidades de economía social, pero no produce sostenibilidad a largo plazo”. En esencia, concluyen los investigadores escoceses, “tales medidas pueden distorsionar los mercados de tal manera que surjan nuevos proyectos, pero a menudo hay poca consideración sobre cómo las organizaciones de economía social (SEO) continuarán brindando intervenciones efectivas y sostenibles cuando finalice la financiación por tiempo limitado”.
De hecho, señalan, “la evidencia existente sugiere que las SEO exitosas recurren a diversas fuentes de apoyo del sector público a largo plazo, incluidas subvenciones, contratos de servicios públicos, apoyo en especie de proveedores de servicios públicos y expertos en desarrollo comunitario, así como al uso de recursos de propiedad pública”.
Interesante ese contraste entre la eficiencia del capital riesgo, que evalúa los proyectos de innovación social teniendo en consideración también su viabilidad comercial económica, y el riesgo de ineficiencia de los estímulos estatales (hay más estudios que van en la misma dirección que el que acabo de mencionar), que no ayudan a escalar y, por consiguiente, a llevar a más destinatarios los beneficios de esas actividades. En pleno auge de los objetivos ESG (environmental, social, governance), cuando surgen, pese a las dificultades, nuevos fondos enfocados a impulsar temas como la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, el asunto no es menor.
Recientemente se presentaba, por ejemplo, el Human Impact Capital (HIC), un fondo de capital de riesgo de etapa temprana de 50 millones de euros lanzado por Redstone y EnjoyVenture. Su estrategia de inversión se centra en cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin de la pobreza, Buena salud y bienestar, Educación de calidad, Igualdad de género y Reducción de las Desigualdades. Cuenta con un consejo de asesores dirigido por Harald Schmitz, director ejecutivo de Bank für Sozialwirtschaft, y Brigitte Zypries, exministra federal de Economía y Justicia de Alemania.
La clave es el interés que iniciativas de este tipo despiertan entre esos inversores institucionales (limited partners, LP) que sienten ahora la presión de sus encargados de reputación social por posicionarse en los ESG. En nuestro país hay movimientos en este sentido, pero ninguno de los 30 fondos de referencia en innovación social citados por Startup Savant es español.
“Los administradores de carteras y los inversores institucionales están utilizando los criterios ESG y el compromiso de los accionistas para abordar una gran cantidad de problemas, incluidos el cambio climático, el riesgo de conflicto y la anticorrupción, así como la igualdad de oportunidades laborales y laborales, la actividad política corporativa y los derechos humanos”, ha afirmado Lisa Woll, CEO hasta enero pasado de la US SIF: The Forum for Sustainable and Responsible Investment, que elabora un informe de referencia sobre este asunto.
Que las empresas de capital de riesgo creen valor para sus inversores ya no parece ser suficiente para impulsar una mayor expansión de la industria, según corrobora el investigador italiano Antonio Meles en su libro de 2021 The Evolution of Sustainable Investments and Finance. “Numerosos socios institucionales (LP) de fondos de capital de riesgo en todo el mundo ahora consideran que los objetivos ESG son una prioridad. Por supuesto, detrás de este cambio radical en la filosofía de inversión de las firmas de capital de riesgo se encuentra algo más que la filantropía: también existe la creencia de que los criterios ESG podrían ayudarlos a ‘hacer el bien mientras lo hacen bien’”.